Por qué petroleras y banca levantan ahora el hacha de guerra contra el Gobierno

El Gobierno tenía en su agenda presentar el martes una enmienda transaccional a la directiva europea que obliga a fijar un mínimo para el Impuesto de Sociedades en la que se disponía a colar una prórroga a los impuestos extraordinarios a bancos y energéticas, introducidos tras la guerra de Ucrania. Pero la votación de la enmienda tuvo que ser retrasada por tercera vez consecutiva tras pronunciarse Junts en contra.

Junts se opone al tributo porque grava a petroleras más que a eléctricas y pide reequilibrarlo

El partido de Puigdemont no es la primera vez que deja tirado al Gobierno. Ya lo había sorprendido con la oposición a la regulación de los alquileres de temporada. En esta ocasión, actuaba al alimón con la patronal catalana, Foment del Treball, que la víspera había emitido un comunicado en el que alertaba del impacto negativo para el polo químico de Tarragona, donde está alojada una de las principales refinerías de Repsol, en la que están en juego 1.100 millones en una ecoplanta y un proyecto de hidrógeno verde.

El empeño del Ejecutivo en prorrogar un gravamen que debería expirar a final de año, inquieta al sector porque la caída del petróleo ha reducido el margen en sus refinerías, que en los próximos años necesitarán un enorme esfuerzo inversor para descarbonizarse y adaptar sus carburantes a las normativas. "Esto nos condena a cerrar las nueve refinerías existentes en España en un plazo de diez años, con la pérdida de cerca de 200.000 empleos", advierten en el sector.

Sólo en Repsol estiman que no se llegarán a ejecutar 1.500 millones en varios proyectos de electrólisis para producir hidrógeno asociados a sus refinerías. A ello habría que añadir, 3.000 millones en el Valle del Hidrógeno en Huelva, donde tiene su gran refinería Cepsa, o en Castellón, donde BP anunció una inversión incluso superior a la de Cepsa. La patronal del sector, AOP, va más lejos y da por perdidos los 16.000 millones previstos en el plan de descarbonización a 2030.

Montero incluyó la recaudación en el plan fiscal enviado a Bruselas y ahora tiene un problema

La presión tanto institucional como de las empresas provocó que la decisión se traslade a la semana que viene. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, llegó a reconocer la posibilidad de que no se apruebe. "Ojalá podamos conseguirlo", señaló. Junts retiró su apoyo, alegando que el gravamen propinaba un castigo desproporcionado a las petroleras en relación con las eléctricas, que se han mantenido en un segundo plano, en esta ocasión. La diferencia está que en su caso sólo gravaría la actividad no regulada, que es minoritaria en todas ellas.

Para colmo, la posible transferencia de la gestión del tributo por el sistema de Concierto al País Vasco provocó la reacción airada del presidente andaluz, Juan Moreno, al que luego se sumaron el castellanoleonés Mañueco y el aragonés Jorge Azcón.

Hacienda pretende ahora que la figura jurídica, que nació como una prestación patrimonial, se integre plenamente en el sistema fiscal. La diferencia está en que ahora tiene carácter finalista, su recaudación se debe destinar a un fin concreto, mientras que en el futuro financiará el gasto público en general. Esto crea un problema de doble imposición, que las empresas ya han dicho que recurrirán en los tribunales. Las petroleras apuntan que llegarían a pagar cerca del 49% en Sociedades.

Hacienda prevé introducir una minoración sobre el beneficio de explotación, que se baraja en el 30%. Sin embargo, las petroleras están radicalmente en contra de la reforma porque su beneficio se redujo drásticamente, con lo que la deducción sería escasa. Cepsa entró incluso el año pasado en pérdidas de 233 millones, tras abonar 323 por el impuestazo.

Además, advierten de que este sistema de deducciones, por mínimas que sean, deja las inversiones en manos del Gobierno central, qué decidirá qué incentiva y qué no. "Es una manera de elevar el control y la regulación sobre el sector, para que cualquier inversión dependa de su visto bueno", aseguran.

Un caso diferente es la banca. Las entidades financieras se descolgaron el jueves con un comunicado conjunto de las dos grandes patronales, AEB y Cecabank, después de haber mantenido un discreto silencio en los últimos meses. Su situación es distinta, reconocen en el sector, porque su cuenta de resultados es mucho mejor que la de las petroleras por la mejora de los tipos de interés, aunque ahora están a la baja, y porque no pueden llevarse los clientes a otro país o paralizar sus inversiones en tecnología.

El Gobierno estaría dispuesto a aplicarlo sobre resultados y a extenderlo a todas las entidades, atendiendo dos de sus quejas. Las dos patronales expresaron su enérgico rechazo a la prórroga del tributo porque nos convertiría en el único país en tenerlo y mermaría su competitividad. Evalúan en 50.000 millones la pérdida de la capacidad de financiación.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que la voluntad política de prorrogar ambos tributos. De hecho, incluyó los ingresos de casi 2.500 millones en el plan fiscal enviado a la UE, en el que se comprometía a reducir el gasto público en 6.000 millones anuales.

Llevamos años sin hacer los deberes y con el gasto público desbocado. Hemos desaprovechado la etapa inflacionista, que disparó lo ingresos públicos, para hacer los ajustes necesarios y ahora tenemos un problema grave.

Sin Presupuestos por segundo año consecutivo y sin siquiera un techo de gasto garantizado, la situación es desesperada. El Gobierno busca dinero debajo de las piedras para poder cumplir con los ambiciosos objetivos de recorte del déficit comprometidos con la UE. Pero hacerlo a costa de mandar al garete a miles de millones de inversión es un golpe bajo a la maltrecha competitividad de la economía española, que pasará factura en términos de empleo y de crecimiento. Pan para hoy y hambre para mañana.

Lo peor es que mientras que con una mano recaudan con la otra derrochan. Esta semana se ha conocido que Industria abrió un expediente a QEV Technologies por los 22 millones otorgados para la puesta en marcha de una fábrica de coches eléctricos en Zona Franca. El proyecto, que no contaba con garantías suficientes por la banca, obtuvo además 40 millones en avales de la Generalitat de Cataluña bajo el Gobierno de Pere Aragonés. QEV despidió el 30% de su plantilla tras entrar en preconcurso. Si la banca se negó a financiar el proyecto, ¿por qué lo hizo el Gobierno o la Generalitat? Los intereses políticos predominaron sobre el sentido común.

El agujero de QEV se conoce poco después de que salieran a la luz las gestiones del comisionista Víctor de Aldama, con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para lograr que el Fondo de Solvencia de la SEPI salvara Air Europa con 475 millones. Para más Inri, la ayuda fue ilegal porque el grupo turístico Globalia, al que pertenece la aerolínea, está en deuda con Hacienda. Pero el Gobierno miró para otro lado.

La última intervención estatal de final incierto es la de Talgo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró la empresa como estratégica, pese a que su sector había sido excluido de esta clasificación tras la pandemia. Después vetó su compra por la húngara Magyar Wagon, en base a un informe sobre las conexiones rusas de sus accionistas realizado por el CNI, que jamás se hizo público y que la UE dio por bueno sin rechistar y sin pedir aclaraciones.

Ante la imposibilidad de encontrar un socio industrial que adquiriera la empresa, Sánchez tuvo que articular una operación de compra del fabricante de trenes español con el respaldo del Gobierno Vasco y de la SEPI. El principal inversor será José Antonio Jainaga, un reputado directivo vasco, que ya salvó Sidenor de la quiebra, pero que del negocio de trenes no tiene ni idea.

Si CAF, que sí sabe de trenes, no se atrevió a entrar por temor a las posibles sanciones derivadas del incumplimiento del contrato de 3.000 millones con Alemania. ¿Qué posibilidades hay de que triunfen unos desconocidos? Sólo cabe esperar que la manguera de dinero público sirva de apagafuegos en caso de dificultades.

PD.- La próxima salida de la ex vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, del bufete Cuatrecasas, alimenta los corrillos madrileños sobre si su próximo destino será el PP de Feijoo. Los recientes titubeos de materia laboral de su líder y la falta de dirección en el pensamiento económico del partido de la oposición apuntan a la necesidad de reforzar el equipo con pesos pesados del sector.