¿Hay futuro para este Estado de Bienestar?

En las próximas décadas, el Estado de Bienestar tiene comprometida su sostenibilidad. El envejecimiento poblacional nos enfrenta a un reto de compleja resolución para el sistema. La antinatural y envejecida pirámide demográfica, con récords de incremento interanual, sitúa a junio de 2023 el porcentaje de personas mayores de 64 años por encima del 20% de la población española, cuando en 1973 suponía el 10%. La combinación con la baja natalidad (con una media de 1,16 hijos por mujer, la segunda más baja de la UE) y la elevada esperanza de vida -de media unos 83 años -la más alta de la UE y dentro de las diez primeras a nivel mundial- es un cóctel de dudosa digestión económica.

Impacta tanto en la evolución del mercado laboral, como en el gasto público y las finanzas del Estado. De hecho, el Banco de España ya ha destacado que el envejecimiento poblacional experimentado en la última década impactó negativamente en 3,4 puntos porcentuales sobre el nivel de la tasa de actividad durante el 2022, esto es, sobre la fuerza laboral. Las previsiones para 2030 son igualmente pesimistas, augurando una caída de 2,8 puntos porcentuales adicionales en dicha tasa, lo que previsiblemente tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico. A esto hay que sumar una deuda pública en escalada, que en España superaba el 109% del PIB a septiembre de 2023, con un incremento interanual del 4,9%.

Según previsiones de la OCDE, además, los países desarrollados se enfrentarán a un incremento de la deuda de 62 puntos porcentuales adicionales de aquí a 2040 como consecuencia del escaso crecimiento económico y el desequilibrio fiscal, lo que supondrá una carga insoportable para los Estados, con el consiguiente aumento del riesgo de impago de estas sociedades en las próximas décadas.

Así, esta tendencia demográfica provocará dificultades para ocupar ciertos puestos de trabajo, lo que afectará a la competitividad de las empresas, y supondrá un importante gasto para el erario público - en un contexto agravado de incremento de la deuda- en pensiones, ayudas sociales y, por supuesto, en sanidad.

En este escenario, el Estado tendrá que elegir entre aumentar la recaudación fiscal vía impuestos o recortar servicios y reducir prestaciones. Ninguna de estas opciones es popular, por lo que parece imperativo actuar en previsión y, como empleamos en el ámbito de la salud, con prevención.

No podemos permitirnos llegar al escenario descrito arrastrando deficiencias e ineficiencias. Compartimos en este sentido, el necesario objetivo que se ha marcado la ministra de Sanidad, Dña. Mónica García, de resolver el atasco existente en la sanidad pública, plasmado en unas listas de espera que no dejan de batir récords y que tienen a más de 819.000 ciudadanos esperando una media de 112 días para someterse a la intervención quirúrgica que necesitan.

Pero dudamos mucho de que este objetivo se pueda lograr sin la esencial colaboración del sector privado; pues, históricamente, ninguna CCAA ha podido gestionar el sistema de salud prescindiendo de forma absoluta de la colaboración de la sanidad privada, tanto por su flexibilidad como por la eficiencia del coste al que ofrece sus servicios en los conciertos con el sistema público de salud, en promedio un 50% más asequibles.

La colaboración estratégica entre ambos sectores se erige, por tanto, como una solución integral que ha demostrado su valor desde hace décadas. La sanidad privada, con su capacidad de ofrecer servicios de manera ágil y flexible, puede contribuir a aliviar la presión sobre la sanidad pública, reduciendo los tiempos de espera y garantizando un acceso más rápido a la atención médica. Esta sinergia no solo beneficia a los pacientes, sino que también optimiza los recursos disponibles, fomenta la eficiencia y fortalece la capacidad global del sistema de salud para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro.

Cuando se ha de buscar la mejor solución posible no caben las posiciones ideologizadas, sino aquellas que atienden a la razón y a los datos. Renunciar al apoyo del sector privado a través de los conciertos sanitarios supondría un gasto próximo a los 3.000 millones de euros adicionales cada año a la sanidad pública.

No es momento de prescindir de toda la ayuda y la colaboración posible. Nos jugamos el Estado de Bienestar, y aquí está nuestra mano tendida para sostenerlo.