Gasto al alza en las pensiones

Tras dos meses de estancamiento, el IPC cedió tres décimas hasta el 3,2%. Un buen dato que en esta ocasión tiene una importancia que va más allá de medir el comportamiento de los precios. No en vano, este porcentaje sirve también para calcular la inflación media de los últimos doce meses, que dictará la revalorización de las pensiones contributivas en 2024. Dicho incremento queda fijado de cara al próximo ejercicio en el 3,8%, lo que supone un coste extra de 7.600 millones para las arcas de la Seguridad Social. Queda así patente que la medida de ligar las alzas de las nóminas a los precios incluida en la primera parte de la reforma de pensiones tiene un elevado coste para el sistema. Un gasto que aumentará en los próximos años ante el retiro de la generación del baby boom, con una media salarial más elevada durante su vida laboral.

En este contexto, la deuda de 106.000 millones que ya presenta la Seguridad Social irá a más en el futuro, que es justo lo contrario de lo que pide la OCDE para hacer frente a la avalancha de jubilaciones que se avecina en España en los próximos años. Unos retiros a los que nuestro país se enfrenta con la reforma aprobada por el antiguo ministro Escrivá que incluye medidas exclusivamente basadas en incrementar los ingresos. En otras palabras, las empresas y los trabajadores se enfrentarán ya en 2025, según la AIReF, a nuevos incrementos de las cotizaciones sociales que en el caso de los negocios reducirá su capacidad para atraer talento y crear nuevos puestos de trabajo. Un mayor esfuerzo que además no servirá para reducir los desequilibrios del sistema. Algo que sólo se podría haber logrado si en la reforma de pensiones se hubieran introducido medidas para racionalizar el gasto.