El pacto de Estado por la economía

En vísperas de sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y ante las dificultades para conseguir un gobierno estable y sin estar sometido a servidumbres ni chantajes, cobran especial relevancia unas recientes declaraciones del que fuera secretario general de la UGT, Cándido Méndez, quien recordaba que el próximo gobierno tendrá que asumir grandes retos económicos "con las reglas fiscales y menos recursos europeos", por lo que concluía que de cara a la próxima legislatura "no se trata sólo de pactar la investidura, sino de llegar a acuerdos de gobernabilidad".

Sabia e importante la reflexión de un hombre, al que hoy se echa de menos en el mundo sindical por su honestidad, sus convicciones democráticas y su carácter prudente y dialogante. También en el sindicalismo se puede afirmar, con plena certeza, que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Pero no sólo es el regreso obligado a las reglas fiscales de la UE que exigirá un recorte de gastos de 6.000 millones de euros anuales para ajustar déficit y deuda, sino porque la amenaza de la reedición de la coalición Frankenstein con la colaboración especial del huido de la Justicia, Puigdemont, con una economía en fase de enfriamiento acelerado, está empezando a crear profundos síntomas de incertidumbre en el mundo empresarial y financiero, a nivel nacional e internacional, hasta el punto de que desde los servicios de estudios de los principales bancos e instituciones económicas anticipan ya un frenazo de las inversiones en España, tanto nacionales como extranjeras, agravada por la contracción del crédito por la subida de los tipos de interés.

Es sabido el tópico de que el dinero es cobarde, pero más que cobarde lo que es el dinero es prudente, y el temor ante un aumento de la inseguridad jurídica en España y por la inestabilidad política por las posibles concesiones de Sánchez a populistas, independentistas y filoterroristas está provocando que en destacados ambientes económicos se esté alertando ya de posibles fugas de capitales hacia otros países. De hecho, algunas destacadas consultoras están recibido peticiones de grandes compañías para estudiar un posible cambio de sede, siguiendo el ejemplo de Ferrovial, por si se confirma el acuerdo de Sánchez con quienes quieren destruir la democracia, la economía de mercado y el sistema constitucional.

Un primer síntoma de esta inquietud empresarial se está reflejando ya en la evolución de la recaudación tributaria que se sostiene fundamentalmente por el IRPF mientras que el Impuesto de Sociedades, acumula una recaudación total de sólo 2.788 millones de euros hasta junio, prácticamente la mitad de los 5.417 millones que sumaba en el primer semestre del año pasado, con datos de la propia Agencia Tributaria.

Caída de ingresos tributarios que se corresponde con el declive del indicador de beneficios empresariales entre enero y junio y que está teniendo ya efectos negativos sobre el mercado de trabajo como muestran los datos del paro registrado en julio donde el número total de contratos registrados ha sido de 1.431.383 lo que supone una bajada de 224.132, el 13,54% sobre el mismo mes del año 2022, mientras que la contratación acumulada en los siete primeros meses de 2023 se eleva a 9.094.209, que son 2.133.212 contratos menos, el 19%, que en el mismo periodo del año pasado. Y si miramos a la Seguridad Social vemos como en enero-julio de 2023, la afiliación media ha crecido en 595.614, muy inferior a los 161.217 y 91.451 que se produjeron en julio de 2021 y 2020

A ello se suma que, volviendo al mandato europeo de las reglas fiscales, el Banco de España ha confirmado que la Administración del Estado, es decir la que manejan Sánchez y sus chicas económicas -Calviño, Yolanda, Montero-, ha alcanzado una deuda de 1,397 billones de euros al cierre del primer semestre, cifra que supera en 102.252 millones la registrada un año antes y que eleva el conjunto de la deuda pública española al 113% del PIB frente al máximo del 60% exigido por Bruselas. En el caso del déficit las estimaciones de todos los analistas apuntan a que?cerrará 2023 en un 4,1% sobre el PIB, más de un punto por encima del nivel del 3% al que estamos obligados.

Son datos y compromisos que, como afirma Cándido Méndez, exigirían grandes acuerdos de gobernabilidad. Sería lo lógico, lo democrático y lo deseable. Pero en la troupe de Sánchez&Cia. la lógica y el sentido de Estado ni están ni se esperan y la calidad democrática se encuentra bajo mínimos.