Las pensiones y el reflejo de un mercado laboral que no funciona

El origen de la riqueza de las naciones no está en la posesión de oro, o de petróleo, sino en el trabajo de sus habitantes. Dicho en otros términos: "El trabajo anual de un país es aquel fondo que en principio proporciona todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume el país; y estas cosas son siempre o el producto inmediato de este trabajo, o compradas a otros países con este producto." (Una investigación sobre las causas y la naturaleza de la riqueza de las Naciones, 1776).

En pocas cuestiones se puede ver más clara esta afirmación de Adam Smith, el padre de la economía moderna, que en el pago de las pensiones. Las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo en España. En consecuencia, los problemas en el sistema de pensiones son, entre otras cuestiones, un reflejo de nuestros problemas en el mercado de trabajo. No se puede esperar que, teniendo la segunda tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea, y además la segunda tasa de temporalidad más elevada, no haya problemas en el sistema de Seguridad Social.

Obviamente, con un crecimiento de la economía del 3,1%, resulta muy doloroso que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, la realidad económica es más compleja que solo el crecimiento de la economía. España, además de tener un mercado de trabajo desastroso, que ni el PP ni el PSOE están dispuestos a reformar, pese a ser los principales responsables, también padece una crisis fiscal. Después de varios años creciendo por encima del 3%, gracias al esfuerzo de los españoles, seguimos teniendo el déficit público más elevado de la Unión, y somos el único país que está dentro del procedimiento de déficit excesivo. De hecho, y como consecuencia de los déficits públicos acumulados en los últimos años, la deuda pública ha llegado casi al 100 por cien del PIB, es decir, todo lo que producimos en un año. Los españoles han hecho sus deberes, pero los gobiernos del PP y el PSOE, no.

Solo se puede examinar un gasto tan importante, en todos los sentidos, como las pensiones, desde un mínimo conocimiento de las cuentas del Estado. El principal gasto público es el que se corresponde al pago de las pensiones, en concreto 102.573 millones de euros por jubilación, 26.611 millones por enfermedad y otros 25.559 millones por viudedad, orfandad y en favor de familiares. Solo contando con jubilación, viudedad y orfandad, estamos hablando, según datos de 2016, de casi 130.000 millones de euros, un 11,54% del PIB, y un 27,36% del gasto público de todas las Administraciones Públicas.

La primera preocupación de los poderes públicos debería ser no proponer políticas irresponsables en materia de pensiones. El gasto en pensiones es la principal manifestación de solidaridad entre los españoles y no se debería poner en peligro, proponiendo medidas que no se puedan pagar.

Así, después de la brutal destrucción de puestos de trabajo del Gobierno de Zapatero, y de la devaluación salarial del Gobierno de Rajoy, no hemos recuperado todavía el nivel de recaudación de las cotizaciones sociales que teníamos antes de la crisis. Por esas razones, y también por la baja natalidad que tenemos en España, debida, entre otras cuestiones a la ausencia de medidas de conciliación, como por ejemplo la falta de escuelas infantiles (0-3 años), la seguridad social afronta una situación muy delicada.

Esta situación delicada se traduce en un déficit de 18.000 millones de euros, según los últimos datos disponibles. Es cierto que, en 2017, por primera vez, esta situación ha mejorado un poco. Los ingresos por cotizaciones han estado creciendo, hasta noviembre, a un ritmo del 5,33%. Mientras tanto, el gasto en pensiones estaba creciendo a un ritmo del 3%. Es cierto que las pensiones solo estaban creciendo al 0,25%, pero tenemos más pensionistas, porque además ha aumentado la esperanza de vida, lo que es una excelente noticia, y además se jubilan con una pensión media más elevada.

Frente a este panorama, PSOE y Podemos proponen un incremento de las pensiones con el IPC, financiándolo con impuestos a la banca y los especuladores. En el mejor de los casos, el importe de estos impuestos se trasladaría a los consumidores y podrían financiar el incremento de pensiones el primer año. En el segundo año, la recaudación igual se incrementaba en 50 millones, mientras que el gasto sería de otros 1.500 millones o 1.600 millones adicionales. El tercer año habría 3.000 millones de déficit adicionales. El lector se puede imaginar cómo acaba esto: Syryza en Grecia prometió incrementar las pensiones, y en mayo pasado las recortó un 18%. El Gobierno del PP, por su parte, de momento, no ha propuesto nada.

La única forma de que las pensiones se actualicen y sean sostenibles es mejorar sustancialmente el mercado de trabajo más disfuncional de Europa, el español. Solo creando más y mejor empleo es posible reducir el déficit de la Seguridad Social, y garantizar así tanto el pago, como la actualización de las pensiones. Además, parte de los gastos que ahora soporta el sistema de seguridad social deberían pagarse con impuestos. Pero para que esto sea posible, hay que recortar gasto superfluo y duplicidades, y también mejorar la lucha contra el fraude. Si no reducimos el déficit del sector público en su conjunto, los problemas en el principal gasto público, las pensiones, no desaparecerán por arte de magia, por cambiar partidas de un sitio a otro.

Éste es el programa que proponemos desde Ciudadanos, materializado en la Proposición de Ley que hemos presentado en el Congreso: luchar contra la precariedad y dar oportunidades laborales y posibilidades de conciliación, reformando un mercado de trabajo que no funciona bien. Sin carreras laborales dignas no habrá pensiones dignas, y sin oportunidades no habrá carreras laborales dignas. No hay otra vía.