Del ultraje al parlamento al caos

Náusea y vergüenza democrática provocaba, salvo a los sumisos miembros de la bancada socialista y sus socios de la Frankenstein, escuchar las respuestas del Presidente del Gobierno en la sesión de control de este miércoles a las preguntas de Pablo Casado e Inés Arrimadas sobre las amenazas y acoso que están sufriendo el niño de cinco años de Canet de Mar y su familia únicamente por exigir el cumplimiento de la ley y que se respeten sus derechos constitucionales y las decisiones judiciales.

Actitudes propias del fanatismo y de la intolerancia, contrarios a la democracia y al Estado de Derecho apoyadas ahora por los llamados sindicatos mayoritarios anunciando su intención de sumarse a esa marcha xenófoba de los independentistas, el 18 de diciembre, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un mínimo del 25 por ciento de clases en castellano.

Unas centrales sindicales paniaguados, serviles y ya sin credibilidad pero que siguen chupando de la teta del Estado arrogándose una representatividad que socialmente ya no tienen y que callan como Judas ante el inminente cierre de las plantas de Nissan en Barcelona.

Sólo una mera declaración de solidaridad, con la boca pequeña, hizo el Presidente, que debería serlo de todos los españoles, para desviarse hacia otras cuestiones marginales, y seguir sordo, mudo y complaciente como ha hecho también en el caso de las niñas prostituidas bajo la tutela del gobierno balear, los abusos sexuales a una menor que se atribuyen al exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, o con las denuncias también de abuso sexual a uno de los hijos de la indultada Juana Rivas cuando estaba bajo la custodia de su madre.

Vergüenza y náusea también al escuchar en esa misma sesión de control a la vicepresidenta segunda del Gobierno amenazar con incendiar las calles si gobierna la ahora oposición del centroderecha. Una conducta que podría calificarse sin reparos de puro fascismo indicando, además, su absoluto desprecio a los resultados de las urnas, a los principios fundamentales de la democracia y su falta de respeto a la institución parlamentaria.

Y vergüenza y náusea produce ver como el Congreso de los Diputados acoge unas jornadas informativas sobre "Los 6 de Zaragoza", en las que Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno, con el apoyo de los proetarras de Bildu y los independentistas catalanes, defenderán a los delincuentes violentos que en enero de 2019 trataron de reventar un mitin de Vox volcando contenedores y otro tipo mobiliario urbano, motivando la intervención de la Policía Nacional, alegando que sufrieron una "situación de indefensión" ante la Policía y la Justicia.

Jornadas en las que figura como ponente es Isa Serra, condenada en firme por agredir a una agente de policía y ante el silencio indecoroso y la pasividad del Ministro del Interior, juez de profesión y de quien dependen las fuerzas del orden y los cuerpos de seguridad del Estado

Y todo esto ocurre mientras el precio de la luz sigue marcando máximos históricos, con una inflación desbordada que deteriora gravemente el poder adquisitivo de trabajadores y de pensionistas, un crecimiento de la economía inferior a las previsiones del Gobierno y que nos coloca en el furgón de cola de la Unión, una presión fiscal a las empresas superior en un 31 por ciento a la media de la UE, con más de cuatro millones de parados reales y unas negociaciones para modificar una reforma laboral que ha permitido crear medio millón de puestos de trabajo, además de un rebrote de la pandemia del COVID 19 ante el que Sánchez y su gobierno siguen lavándose las manos.

Cómo le espetaba en esa misma sesión de control el líder de la oposición, rememorando las palabras del propio Presidente hacia el gobierno de Mariano Rajoy, "qué coño tiene que pasar en España para que Sánchez cumpla con sus responsabilidades"