Agresión fiscal contra los madrileños

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no solo pretende aprobar una de las mayores subidas fiscales de la historia en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, siendo España el único país de la UE que aumentará impuestos en plena crisis, sino que, además, amenaza con acabar con la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y, por extensión, del conjunto de las Comunidades Autónomas.

PSOE y Podemos llevan meses blandiendo como excusa la tramposa "armonización" para subir los impuestos a los madrileños y, de este modo, acabar con la política de impuestos bajos que inició el Gobierno regional hace ya 16 años y que, sin duda, ha cosechado grandes éxitos. Sin embargo, es ahora cuando arranca de verdad la ofensiva fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace escasas semanas, aprovechando la presentación del proyecto presupuestario, su intención de subir Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero dejó en manos de los grupos parlamentarios la elaboración de propuestas concretas.

Dicho y hecho. En este caso, han sido los independentistas de ERC, socios preferentes del Gobierno de Sánchez, los que han presentado una enmienda a los Presupuestos para tratar de imponer a los madrileños el pago de un tributo que no existe mediante la creación de una nueva cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio. No es casualidad. El discurrir de los acontecimientos apunta a que este movimiento responde a una estrategia muy meditada, en perfecta coordinación y connivencia con el Gobierno.

El objetivo no es otro que acabar con los impuestos bajos de Madrid y, ya de paso, laminar el escaso margen del que disponen hoy los gobiernos autonómicos para tomar sus propias decisiones en el ámbito de tributos propios y cedidos. Y esto incluye tanto Patrimonio como Sucesiones y Donaciones. Su plan, por tanto, consiste en que la política de impuestos altos, injustos y confiscatorios que tanto gusta a los socialistas se convierta en obligatoria en todo el país, al margen de la opinión y voluntad de los ciudadanos.

La enmienda en cuestión pretende fijar un tipo mínimo del Impuesto de Patrimonio a nivel nacional mediante una nueva cuota que recaudaría el Estado, de modo que si una Comunidad Autónoma establece una tributación inferior a la que fija ese umbral, el Gobierno se quedaría la diferencia. Esta medida está pensada específicamente para atacar Madrid, dado que, por desgracia, es la única región que, hoy por hoy, disfruta de una bonificación del 100% en dicho tributo. Los madrileños empezarían a pagar Patrimonio, una figura que ya no existe en ningún país de la UE, en caso de aprobarse la enmienda.

Pero no serían los únicos perjudicados, ni mucho menos. A continuación, viene la subida de Sucesiones y Donaciones y, con ella, un colosal golpe fiscal al bolsillo de millones de familias que, gracias a la sana competencia fiscal que existe entre autonomías, gozan de una tributación mucho más baja y ventajosa que años atrás cuando reciben una herencia o una donación de sus familiares más cercanos, después de que Madrid decidiera bonificar este impuesto al 99% en 2004.

Lo primero que llama la atención es que sea ERC, el mismo partido que quiere romper la unidad de España para crear su utópica república, quien defienda la recentralización de un impuesto que ha sido cedido íntegramente a las Comunidades Autónomas. Por paradójico que parezca, los independentistas catalanes pretenden llevar a cabo la primera reversión de competencias autonómicas de la democracia, otorgando al Gobierno de la Nación una capacidad que no le corresponde por ley.

Y lo segundo, aunque no menos importante, es que tanto socialistas como separatistas demuestran, una vez más, que están dispuestos a todo con tal de freír a impuestos a los madrileños y a todos aquellos que no piensen como ellos para, de este modo, ocultar su rotundo fracaso en materia económica y social. En lugar de imitar lo que funciona con el fin de mejorar, ansían que los demás naufraguen para esconder sus propias vergüenzas.

Se trata de un asalto claramente inconstitucional en la forma y en el fondo. En ningún caso se puede aprobar una medida de esta naturaleza mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que exige, como mínimo, la modificación de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y de la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, pero es que, además, vulnera de forma explícita la capacidad normativa que otorga la Constitución a las Comunidades Autónomas.

Y todo ello sin contar la injusticia y el grave perjuicio que supondría la subida de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Los madrileños pueden estar seguros de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso luchará con todas las herramientas a su alcance para frenar esta nueva agresión perpetrada por Sánchez y sus socios, tal y como ha demostrado en ocasiones anteriores.