Pensiones: freno necesario a Iglesias

El acuerdo alcanzado por la UE sobre su fondo contra la crisis diluyó mucho la condicionalidad a la que, según las previsiones, se sometería la percepción de transferencias a fondo perdido.

El freno de emergencia por el que luchó Holanda no es un veto real ya que, si se plantea, el Consejo Europeo lo revisará en tres meses sin estar obligado a plantear una retirada de las ayudas. En cuanto al programa de reformas que la Comisión demandará a países como España, deberán basarse en las recomendaciones ya conocidas que Bruselas plantea cada año a los diferentes Estados. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que se otorgue al Gobierno español carta blanca para todas sus políticas. Entre las recomendaciones más insistentes de la Comisión a nuestro país se halla la necesidad de ahondar en las líneas maestras de la reforma de pensiones de 2013. Nada fue más contrario a esta norma que la decisión de volver a vincular la actualización de dichas prestaciones al IPC como ocurre sin interrupción desde 2018. Pero todavía más opuesta a la reforma es la intención de Podemos de blindar constitucionalmente ese vínculo entre pensiones e inflación. Máxime cuando no se baraja ningún mecanismo compensatorio. Al contrario, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad está congelada hasta 2023 y PSOE y Podemos propusieron incluso derogarlo en la Comisión de Reconstrucción.

Bruselas no transigirá con medidas insostenibles como blindar la indexación de estas prestaciones a la inflación

Bruselas no puede transigir con unas políticas que harán insostenible la situación financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit anual se acerca a los 20.000 millones. El Gobierno debe asumir que son ya ineludibles las decisiones que permitan racionalizar un gasto en pensiones que está en niveles históricos.