Y ahora, ¿cómo salimos de ésta?

La preocupación por ¿cómo vamos a salir de ésta? empieza a ocupar cada vez más tiempo en la cabeza de todos: del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios y de cada uno de nosotros. A medida que la situación sanitaria comienza a vislumbrase algo más esperanzadora, la preocupación se va desplazando hacia el futuro inmediato en la vida económica. El presidente del Gobierno lleva tiempo insistiendo en la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Existe, por otro lado, un consenso general de que hay que actuar aunando fuerzas y colaborando todos los estamentos en la misma dirección. Pero el problema, como casi siempre, está en pasar de las musas al teatro.

Aunque parezca algo obvio, el punto de partida está en tener un diagnóstico común de la situación a la que nos enfrentamos y compartido por la inmensa mayoría de los actores. Quizá esta debiera ser la cuestión menos problemática de todas, pero de hecho no lo es. Hay quien sigue pensando que los efectos de esta crisis serían menores si el sector público tuviera mucho más peso e interviniera mucho más en la regulación y ordenación de la vida económica y la de las empresas. Y nos quieren hacer ver que estamos ante el problema del tamaño de lo público frente a lo privado y de los intereses de los trabajadores frente a los de los empresarios.

Se debe actuar aunando fuerzas y colaborando todos los estamentos en la misma dirección

Entre los economistas que han dado su opinión, hay al menos un diagnóstico común de que nos enfrentamos a un shock de oferta de enormes proporciones, motivado por el cierre de la mayor parte de las actividades económicas- basta mirar las previsiones presentadas por el FMI para los distintos países y en particular para el nuestro, o las más recientes del Banco de España- a una crisis de demanda inducida por el necesario confinamiento de la población y a unas potenciales consecuencias en un sistema financiero que tiene que proporcionar liquidez a las empresas en una situación no conocida de falta de fondos y de riesgo de solvencia. Es también evidente que se requiere una actuación decidida e importante de las políticas fiscal y financiera, pero para reconstruir cuanto antes el normal funcionamiento del mercado.

Lo que parece a día de hoy prácticamente imposible es compartir el conjunto de acciones y medidas para recuperar la economía y, por consiguiente, el empleo, la renta y la riqueza anteriores a la crisis. Nuevamente nos encontramos con unos problemas de concepción ideológica que hacen, en mi opinión, muy difícil el acuerdo sobre las mismas.

El gobierno, como la mayoría de los españoles, se siente orgulloso en formar parte de la UE y del Euro- nos hace un país importante- pero está profundamente incómodo, por su reticencia, con las reglas de disciplina presupuestaria y la ortodoxia en la gestión de las finanzas públicas. Cabalmente, la Comisión está relajando los compromisos de déficit y las reglas de ayudas de Estado y proporcionando liquidez a través del BCE y ayudas por medio del MEDE. Pero estas facilidades, primero son transitorias y segundo hay que administrarlas con absoluto rigor.

En más sensato mejorar las ayudas que las CCAA ya dan que crear un renta mínima

Los aumentos del gasto público habrá que financiarlos a corto plazo con más impuestos. Ello significa menos renta disponible para las familias en un momento en que lo que se necesita es estimular la demanda; o más deuda pública a largo plazo, lo que dado nuestro nivel de endeudamiento y la negativa de nuestros colegas europeos a aceptar la transferencia de riesgo que suponen los Coronabonos, implica, cuanto menos, un incremento del riesgo-país. Por tanto, hay que saber muy bien qué es lo que se hace.

Como se ha señalado con acierto, no se trata de seguir añadiendo derechos a nuestro sistema de bienestar y protección social. Tenemos un esquema bien diseñado de políticas asistenciales y contributivas. Si hacen falta más recursos para estas políticas, procurémoselos, pero con lo complejo que ya es de por sí gestionar un incremento no anticipado en el número de prestaciones, no lo compliquemos aún más asignando el tiempo y el esfuerzo a montar nuevas estructuras. La buena gestión no consiste en plantear cada semana nuevas cosas, sino que las cosas que hay que hacer se hagan bien.

Para quienes han visto interrumpidas sus rentas o las han perdido, hay que asegurarse que los mecanismos de protección social funcionan correctamente y con prontitud. Conviene recordar que, en España, el Consumo Final de las familias ha venido representando en los últimos años algo más del 57% del PIB. Por tanto, no hay recuperación posible si no se recupera el consumo privado. Insisto: Hay que aumentar con cabeza el gasto público corriente, pero, sobre todo, mediante transferencias a las familias para estimular el consumo privado. Por ello, todas las medidas que aumenten la liquidez y renta disponible de las familias son indispensables. Aplazamiento de impuestos y reducción de impuestos al consumo de forma transitoria, selectiva y anunciada. Abandonar los propósitos de subir y armonizar al alza los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones. Abandonar la idea de subir la tarifa del IRPF. Si nos creemos las teorías del ciclo vital y la renta permanente y no queremos reducir la propensión marginal al consumo debería actuarse en consecuencia.

Siguiendo con las medidas por el lado de la demanda, habrá que aumentar significativamente la inversión pública ya que la inversión privada va a tardar un buen tiempo en recuperarse porque tendrá capacidad ociosa a medio plazo. Además, la serie de los últimos 20 años nos muestra que la FBCF tuvo el pico máximo en 2007, alcanzando el 31% del PIB. Desde entonces, aunque ha habido una recuperación en los últimos años, estamos entorno al 19% PIB. La inversión pública, por su parte, alcanza su pico en 2009, representando el 5% PIB; pero en 2018, apenas representa un 2%. Por tanto y más allá de la propia crisis, es necesario aumentar de manera importante nuestra FBCF y especialmente la FBCF pública en los próximos años. Las políticas de mantenimiento de las infraestructuras e inversión en infraestructuras medioambientales del ciclo del agua deberían ser una prioridad, así como en aquellas otras que figuran como prioritarias en los sucesivos planes ministeriales.

Por el lado de la oferta, las medidas de liquidez son indispensables si queremos salir de la crisis. Las ayudas a las empresas en forma de tramos de liquidez mediante avales están llegando tarde y en muchos casos los avales son insuficientes para pasar las evaluaciones de riesgo de las entidades financieras.

No voy a abundar en la importancia de los autónomos en España. Pero hay que instrumentar también medidas de apoyo directas a las empresas críticas de nuestro país que soportan una parte fundamental del PIB: en el transporte, en la industria, en el turismo y muchos otros servicios, pero alejándose de cualquier inclinación a intervenir públicamente en su gestión.

¿Qué medidas se han ido tomando o planea llevar adelante el gobierno?

Por ejemplo, las normas en materia de alquiler de viviendas, limitando su crecimiento, o las más recientes, de permitir los aplazamientos en el pago de las rentas por decreto, parecen ignorar que el 96% de los arrendadores son pequeños propietarios, para los que, además, el establecimiento de límites a la revisión de rentas, desincentivará la oferta y consiguientemente, estrechará el mercado de alquiler. Es dudosa, por tanto, su equidad y su eficiencia.

El establecimiento de una Renta Básica cuya implantación es enormemente compleja si se quiere hacer bien. Lo saben las CCAA que gestionan la asistencia social y que gestionan las ayudas a la vivienda de las personas más desfavorecidas. ¿No sería más sensato mejorar las ayudas ya establecidas y que llevan años funcionando?

El crecimiento del SMI en un alto porcentaje y en un breve espacio de tiempo. Dentro del mismo gobierno se ha reconocido que ha tenido un impacto demoledor en el sector primario y que ha colocado a muchos autónomos y PYMES en una situación todavía más difícil para afrontar esta crisis. Las reformas ya acometidas en materia laboral con los convenios de empresa y la amenaza de reformar los aspectos que mejor han venido funcionando en estos últimos años, tampoco parecen un buen camino para alcanzar la adhesión de las organizaciones empresariales.

Podríamos seguir enumerando medidas que se han adoptado o que se han anunciado ya. Si se me permite la licencia, la "teoría de la preferencia revelada" hace difícil pensar que racionalmente pueda alcanzarse un acuerdo amplio, basado en un diagnóstico compartido y sobre todo, con propuestas de acción en la política fiscal y financiera que puedan ser apoyadas por una amplia mayoría de partidos, CCAA, agentes sociales e instituciones. Ojalá no sea así.