Casado anuncia que el PP no apoyará el real decreto para evitar el colapso de los tribunales tras el estado de alarma

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que el PP no apoyará el decreto del Gobierno para evitar el colapso de juzgados y tribunales una vez que concluya el estado de alarma, que el Consejo de Ministros quiere aprobar mañana, al considerar que se está violando el estado de Derecho, porque se quiere modificar con un Real Decreto-Ley una Ley Orgánica, superior en rango legislativo, y para cuya modificación son precisas mayorías cualificadas en el Parlamento.

"Creo que hay que ser serios en estos reales decretos que se van presentando y el PP está dejando muy claro que el estado de alarma no es una alarma al estado", ha manifestado.

Y ha subrayado que "demasiados poderes tiene ya este Ejecutivo como para intentar legislar aprovechando esta situación y presentar la ley por la eutanasia" o derogar algunas leyes laborales". Además, el ha afirmado que la "independencia en el Poder Judicial es fundamental".

Casado ha reconocido que el PP es partidario de que pueda haber más actividad judicial en los meses en los que habrá que "desbloquear la cantidad de demandas que se prevé que puedan llegar contra la actuación que ha tenido el Gobierno".

Por otra parte, ha criticado las últimas manifestaciones de Pablo Iglesias contra la Justicia tras la sentencia condenatoria a Isa Serra a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio en 2014.

Comparecencia de Campo

Por ello, lel Grupo Popular ha pedido la comparecencia del titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Comisión de Justicia del Congreso "para que explique si el Gobierno respalda, comparte o ha reprendido al vicepresidente segundo por sus ataques a la Justicia.

Iglesias señaló la pasada semana que "las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia porque se castigase a alguien por protestar por un desahucio vergonzoso".

Al día siguiente en una rueda de prensa, amplió sus plabras señalando que "en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".

Estas declaraciones llevaron a la Comisión de Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a emitir un comunicado censurando las palabras del vicepresidente del Gobierno por propagar "sospechas inaceptables".

Con todo, el presidente, Pedro Sánchez, justificó el sábado las críticas de Iglesias porque las hacía como líder de Unidas Podemos.

Horas después el vicepresidente abundó en sus ataques cuestionando la independencia del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al que ve como un "operador político de la derecha".

Casado ha comentado esta mañana que "Pablo Iglesias ya ha decidido, después de atacar a la Corona y después de atacar el CNI; y Sánchez después de atacar TVE, el CIS o incluso el Parlamento que lo ha tenido cerrado, ahora han puesto en su diana a la Justicia", ha declarado.

También ha explicado que la Justicia, como "poder del Estado, no puede ser "atacada" y ha afirmado que hay "tres jueces en el Ejecutivo que no han criticado la posición que ha tenido Pablo Iglesia", quien ha arremetido contra una sentencia que es recurrible pero mintiendo sobre lo que ha sucedido".

El Ministerio se defiende

Desde el Ministerio de Justicia se ha dicho esta mañana que el borrador de real decreto-ley ha sido ampliamente comunicado tanto a operadores jurídicos como a partidos políticos. De hecho, han explicado que el consejero de Justicia de Madrid y responsable del área de Justicia del PP, Enrique López, ha participado activamente en su elaboración.

De hecho, señalan estas fuentes, también se ha percibido durante la elaboración de la norma por parte de los portavoces de los principales grupos políticos en el Congreso -que deberá validarla- de los que se ha obtenido una opinión favorable tras serles explicado el articulado.

De igual forma habrían dado su visto bueno a las normas previstas por el departamento de Juan Carlos Campo los representantes de las comunidades autónomas y operadores jurídicos en general, con la salvedad del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que incluso celebró este domingo un pleno para rechazar la habilitación del mes de agosto.