El Gobierno retrasa la ley para facilitar que los ciudadanos exijan indemnizaciones al Estado

El Gobierno lleva tres años de retraso para sacar adelante la nueva ley de responsabilidad patrimonial del Estado para facilitar que los ciudadanos puedan percibir una indemnización por los errores de la Administración. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a través de la sentencia del 18 de junio de 2022 a España a modificar la norma, ante la dificultad que la actual ley impone a los ciudadanos para poder ser indemnizaciones por leyes nacionales contrarias al Derecho europeo.

El TJUE dio un importante revés a España al concluir que el procedimiento actual hacía que en la práctica fuera excesivamente difícil obtener la indemnización, ya que supeditaba el pago a que hubiera un fallo en contra de la justicia europea y, antes de llegar ahí, los ciudadanos hubieran agotado la vía judicial en nuestro país.

El Plan Anual Normativo de 2025, recién publicado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, incluye la modificación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado con el objetivo de sacarla adelante este año. Sin embargo, ya los anteriores planes de 2023 y 2024 también incluyeron la norma dentro de su hoja de ruta en materia legislativa para dichos ejercicios, sin éxito alguno.El Plan también se marca como objetivo sacar adelante una nueva Ley de Presupuestos Generales (PGE) sin especificar para qué año, aunque podría interpretarse que ya para el ejercicio 2026. En el Plan Normativo de 2024 se fijó, también sin éxito, aprobar la ley de Presupuestos para 2025.

Trabajo

La nueva hoja de ruta del Gobierno plantea sacar adelante este año 199 iniciativas, de las que 16 son leyes orgánicas, 43 son leyes ordinarias y 140, reales decretos. Gran parte de las medidas más relevantes las encabeza el Ministerio de Trabajo. Según el plan, la Administración que encabeza Yolanda Díaz prevé aprobar una mejora en la indemnización por despido improcedente, su famosa jornada laboral de 37,5 horas semanales, una nueva adecuación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones para 2026. Además, prevé aprobar, por fin, la ley para proteger de abusos a los becarios, otra para que los trabajadores tengan una mayor participación en las decisiones de las empresas y otra para que las pymes estén representadas en el diálogo social. Asimismo, también trabaja en un Real Decreto para fijar la estrategia de políticas activas de empleo hasta 2028.

Hacienda

La actividad en materia legislativa del Ministerio de Hacienda este año se prevé escueta con el objetivo de sacar solo seis normas adelante, aunque una de ellas será la Ley Orgánica para asumir parte de la deuda a las CCAA. También se marca aprobar una ley para poder embargar a ciudadanos y empresas deudoras los importes que tengan en entidades no bancarias, como medios de pago, el embargo de dinero electrónico y el de criptoactivos.

Medios de comunicación y redes sociales

El Ejecutivo prepara una amplia batería de medidas destinadas a regular la actividad de los medios de comunicación y redes sociales, lo que llama el 'Plan de Acción por la Democracia'.

Dentro de este, aprobará distintas leyes para reforzar el derecho de rectificación de los ciudadanos en medios de comunicación y redes sociales; también para proteger las fuentes de los periodistas; reforzará el derecho al honor y a la intimidad en las redes sociales y obligará a la moderación de contenidos.

También exigirá más transparencia financiera y en los órganos de control de los medios de comunicación, regulando la inversión de la publicidad institucional (ayuntamientos, diputación, gobiernos autonómicos o el central) y aprobando una nueva Ley de Publicidad.En otras materias, el Ejecutivo prevé varias normas para mejorar la información que se da al consumidor en el etiquetado de alimentos y productos. También, se limitará el importe que las personas podrán destinar a juegos de azar.