El Constitucional se desmarca de un fallo inminente que absuelva a los condenados por los ERE de Andalucía

El Tribunal Constitucional (TC) se desmarca de una inminente resolución que estime los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso de los ERE de Andalucía y anule las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla. La Corte de Garantías aclara que no es cierto que vaya a haber una inmediata resolución y estimación de los recursos de amparo presentados contra las sentencias.

Respecto a las informaciones de que el TC había elaborado un informe que allanaba el camino para la absolución de los acusados, el Constitucional apunta a que ese documento se elaboró hace meses "para fue elaborado hace meses para analizar exclusivamente la admisión a trámite de los recursos de amparo, que se produjo el pasado 5 de junio". "Carecen de fundamento las especulaciones de que ese parecer técnico anticipa el sentido de las sentencias sobre el fondo. Por ello, no tiene rigor informativo la vinculación de este documento interno de trabajo, previo a la decisión de admisión del recurso, con la futura sentencia. Solo puede producir confusión y desinformación en la opinión pública", incide al respecto.

Finalmente, el Tribunal Constitucional retrasa su resolución sobre el caso a no antes del verano de 2024 ya que trabaja en los doce recursos de amparo interpuesto "de gran complejidad jurídica y de interés general".

El Tribunal Supremo ratificó en julio de 2022 la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión por un delito continuado de prevaricación. En la actualidad está en libertad por enfermedad. Además de Griñán, también fueron condenados a penas de cárcel de entre seis y ocho años los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo; los exviceconsejeros, Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector general de Trabajo, Juan Márquez; y el exdirector general de la agencia Idea, Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Coste de 680 millones

El caso investigó la malversación de 680 millones de euros por parte del Gobierno socialista de Andalucía en la década de los 2000. También fueron condenados otros diez exaltos cargos de la Junta, aunque no penas de cárcel.

Entre ellos están el expresidente Manuel Chaves; el exconsejero de presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, todos ellos condenados a nueve años de inhabilitación especial.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia confirmó el pasado día 9 de octubre que ya ha iniciado los trámites para indultar a los nueve condenados por los ERE de Andalucía. La ministra Pilar Llop explicó que se solicitó a la Audiencia Provincial de Sevilla los informes sobre las peticiones de indulto de los condenados y que siguen el mismo curso que el resto de peticiones. Asimismo, recordó que un Gobierno en funciones, como el actual, no pueden conceder indultos.

El Ejecutivo que dé los indultos tendrá que escuchar primero a los perjudicados por este caso, si es que los hubiera, para conocer si están de acuerdo o no con la concesión del perdón.