La ley de emergencias: la última e improbable apuesta de Boris Johnson para forzar el Brexit

Desde la semana pasada, una velada amenaza está circulando por los medios, de boca de aliados y ministros del Gobierno británico: si no hay Brexit el 30 de octubre, habrá revueltas y violencia por el país. Una advertencia que, sumada al duro lenguaje de "rendición" y "traición" que sale de Downing Street, hacen pensar que el Ejecutivo estaría pensando en una vía de escape al laberinto en el que se ha encerrado Boris Johnson a sí mismo con el Brexit: la Ley de Emergencias Civiles de 2004, que permitiría al Gobierno usar poderes legislativos en casos de urgencia. Las dos preguntas que surgen son muy claras: ¿En qué consiste esa ley? Y, ¿serviría para forzar un Brexit sin acuerdo?

La ley anti-Brexit duro, aprobada antes de la suspensión ilegal del Parlamento británico, deja muy clara una cosa: el primer ministro -por ahora, Boris Johnson- deberá pedir una prórroga a Bruselas si no hay un acuerdo de salida de la UE antes del 19 de octubre. Y Johnson ha prometido por activa y por pasiva dos cosas: que cumplirá la ley y que no pedirá una extensión al plazo de salida. El resultado es que, con la posibilidad de un nuevo pacto cada vez más lejana, todo el mundo está pensando en cuál será el 'truco' legal al que se aferre Johnson para cumplir ambas promesas contradictorias.

Y la posibilidad más comentada es la de invocar la Ley de Emergencias, que permite aprobar y enmendar leyes en caso de que ocurra una situación de urgencia para la que las leyes existentes resulten insuficientes. En teoría, si hubiera disturbios graves, el Gobierno podría invocar estos poderes para anular las obligaciones de pedir una prórroga, o incluso hacerlo a priori, advirtiendo sobre posibles casos de violencia si se produjera el Brexit a tiempo.

Llamadas a la "rebelión"

Las advertencias se sucedieron la semana pasada, tras la durísima sesión parlamentaria del pasado miércoles. El viernes, el conservador Daily Mail citaba a un ministro anónimo que aseguraba que "un regundo referéndum llevaría a un levantamiento popular violento". En el Times, otro señalaba que "ya hay un modelo: los chalecos amarillos franceses". Y en la BBC, el periodista conservador Brendan O'Neill, que trabaja en la revista que dirigió Johnson antes de ser alcalde de Londres, The Spectator, dijo que "debería haber revueltas". "No entiende cómo no ha habido ya", dijo, ante la incredulidad de los otros tertulianos, que le acusaron de "incitar a la violencia".

Sin embargo, la realidad no es tan simple como parece: no basta con apuntar a esas declaraciones y decir que es necesario forzar el Brexit a toda costa para evitar violencia. La ley en cuestión tiene tantos puntos débiles que es casi imposible que Johnson la aplique sin exponerse a nuevas derrotas históricas en los tribunales, como la que tumbó su cierre del Parlamento.

Tal y como explica el abogado David Allen Green en su blog, "la Ley de Emergencias no es una 'Ley Habilitante' para los 'brexiters'", en referencia a la enmienda constitucional que dio el poder absoluto al dictador alemán Adolf Hitler en 1932. Esta legislación define explícitamente qué se considera "una emergencia" y fija una larga lista de condiciones para poder aplicar los poderes extraordinarios.

"Y como son unas condiciones objetivas, será un juez el que determine si se cumplen, no un político", explica Allen Green. "Si un ministro intenta usar los poderes de una forma que no sea estrictamente proporcional a la emergencia tal y como está definida por la ley, sus decretos pueden ser tumbados por los tribunales".

No solo eso, sino que un artículo obliga al Gobierno a llevar esos decretos de emergencia al Parlamento para su ratificación o derogación "lo antes que sea razonable". Y si ambas cámaras los rechazan, lo que se da por descontado, estos dejarían de tener efecto inmediatamente. Dado que hay 10 días desde que Johnson está obligado a pedir la prórroga hasta el día límite para solicitarla, habría tiempo de sobra para tumbar cualquier decreto que anulara su obligación de pedir una prórroga, si no lo han hecho los tribunales para entonces.

El resto de opciones son mucho más descabelladas. Johnson podría ignorar la ley y dejar que los tribunales le obligaran a cumplirla, arriesgándose a sufrir un 'impeachment' como su amigo estadounidense, Donald Trump, lo que le podría llevar incluso a la cárcel. Podría recurrir la ley, aunque no se sabe muy bien bajo qué argumento. O podría enviar dos cartas: la que le exige la ley, pidiendo otra prórroga, y una segunda retirando la petición, con el riesgo de ir a juicio de nuevo. Aunque, si todo falla, siempre le queda la opción de dimitir y que sea el laborista Jeremy Corbyn el que se 'coma' el marrón, a cambio de dejarle hacer campaña desde Downing Street. El botón mágico para solucionar el lío en que se ha metido Johnson sigue muy lejos.