La constructora valenciana LIC renegocia su deuda tras paralizar obras en toda España

La constructora valenciana Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) ha recurrido al juzgado mercantil para tratar de llegar a un acuerdo de reestructuración financiera con sus acreedores. Una situación al que se llega después de que varias de sus obras repartidas por la geografía española lleven meses paralizadas.

Algunos contratos de los trabajos que llevan más tiempo bloqueadas incluso ya han sido rescindidos. Es el caso de la construcción de un colegio en Zaragoza que el Gobierno de Aragón había adjudicado a LIC en verano de 2022 por algo más de 9 millones de euros. Hace unos días, el Consejo de Gobierno autonómico aprobó la resolución culpable de ese contrato por los retrasos acumulados y la paralización completa de la obra en noviembre. Según ha comunicado el Ejecutivo aragonés, además de incautarse de la garantía del concurso se ha abierto un expediente de daños y perjuicios, por lo que podría exigir una cuantía aún mayor a la firma.

A mucha distancia, en Canarias, se vive una situación similar. LIC se hizo con un contrato de casi 6,5 millones de euros para realizar la reforma completa del edificio Royal, que será la sede de la Agencia Tributaria Canarias en Las Palmas. Una obra que se detuvo en diciembre después de que el Gobierno canario no aceptase una certificación de una actuación que ya tenía un alto grado de ejecución. Según la Administración, la empresa paró los trabajos por su preconcurso.

El mapa de actuaciones que la compañía valenciana ha dejado sin ejecutar también incluye contratos del Ministerio de Transportes de norte a sur, como la instalación de pantallas anti-ruido en el principal acceso a Avilés por la autopista 'Y' en Asturias o las obras a medio ejecutar para el acceso por carretera del nuevo centro hospitalario de Lepe en Huelva.

Esas dificultades financieras llevaron a LIC a comunicar al Juzgado Mercantil número 1 de Valencia que se acogía al plazo para negociar con sus acreedores el pasado 7 de noviembre. A finales de abril el mercantil amplió en otros tres meses el periodo para tratar de lograr un acuerdo. La empresa esgrime que la insolvencia se debe a los problemas con los cobros en Argelia, según recoge en las cuentas de su último ejercicio de, 2022, en que menciona el preconcurso solicitado a finales de 2023.

Esa situación se suma a la que ya vivió en Panamá, país que abandonó en 2022 precisamente por los continuos problemas en los pagos. LIC cifraba su cartera de obras en casi 120 millones de euros, incluyendo UTEs, al cierre de 2022. De ese volumen, 25 millones corresponden a contratos en el exterior, la mayoría en Argelia, además de Panamá y Armenia. Aunque elEconomista.es se puso en contacto con la empresa valenciana no ha obtenido respuesta.

La sombra del 'caso Koldo'

Aunque LIC apunta a Argelia como origen de su crisis financiera el año pasado, la puntilla a su situación puede venir por un acontecimiento más reciente: el 'caso Koldo' que estalló en febrero. La empresa de Alberic (Valencia) se ha visto vinculada a la investigación de supuesta corrupción al incluir los informes de la UCO varias reuniones entre José Ruz, gerente y dueño del 20% de LIC, y el que fuera asesor del exministro valenciano José Luis Ábalos.

En Valencia existen precedentes de casos mediáticos de corrupción que han supuesto una losa empresarial, como la extinguida Sedesa, de la familia Cotino, protagonista del juicio contra Eduardo Zaplana.