La odisea del cemento español: los motivos por los que sucumbe ante el empuje de Turquía y Argelia

En 2007, al calor del boom inmobiliario y del impulso de la inversión pública en obra civil, España se erigía en una potencia mundial en la producción de cemento. Entonces, las fábricas españolas elevaron su producción a 54,5 millones de toneladas de cemento y la demanda nacional era incluso superior, de 56,1 millones. Las exportaciones alcanzaban 1,05 millones de toneladas -en 2006 habían sumado 1,12 millones-. El pinchazo inmobiliario y la crisis financiera mundial propiciaron un derrumbe vertiginoso desde aquel año, que tocó suelo en 2013, cuando la producción se situó en 13,17 millones de toneladas y el consumo doméstico en 10,98 millones.

En los años posteriores la demanda experimentó una lenta recuperación hasta los 14,7 millones de toneladas de cemento que se consumieron en España en 2019. Un volumen que representaba casi la cuarta parte que en 2007. La pandemia por Covid-19 supuso un nuevo frenazo y en 2020 la cifra se redujo hasta los 13,5 millones de toneladas.

Para entonces, las empresas cementeras, a pesar de su resistencia inicial gracias, sobre todo, al crecimiento de las exportaciones, se habían visto obligadas a menguar su capacidad de producción con el cierre de varias plantas. No en vano, con el nivel de ventas actuales, la sobrecapacidad es aún relevante, puesto que se estima que las 33 fábricas existentes pueden producir 32,5 millones de clínker anuales. La industria considera que para que esta oferta sea sostenible, la demanda de cemento en España ha de situarse por encima de los 20 millones de toneladas.

En 2021 mejoraron los datos gracias al impulso de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al incremento de las partidas para infraestructuras de los Presupuestos Generales del Estado, hasta sumar 15 millones de toneladas. Fue un espejismo, porque en 2022 el consumo volvió a retrotraerse hasta los 14,88 millones y en 2023 la tendencia negativa se ha consolidado con una bajada del 2,9%, hasta los 14,45 millones -en niveles similares a la década de los 60-.

Y las expectativas del sector apuntan en dirección similar. La estimación de Oficemen, la patronal que engloba a las empresas con presencia en España tales como la mexicana Cemex, la brasileña Votorantim, la suiza Holcim, la alemana Heidelberg o las españolas Cementos Portland (FCC) y Cementos Molins, entre otras, indica que 2024 cerrará con un nivel de consumo similar al de 2023, en el entorno de los 14,5 millones de toneladas.

La perspectiva de la organización que preside Alan Svaiter, consejero delegado a su vez de Votorantim en España, es que el número de visados de viviendas iniciadas continúe creciendo y alcance las 116.000 unidades, frente a las 111.000 de 2023, y la edificación no residencial suba ligeramente desde los 4,8 millones de metros cuadrados del último año hasta los 5 millones en 2024. Mientras, la inversión en infraestructuras se situará, según las estimaciones de Oficemen, en 10.650 millones, un alza del 1,5%, aunque aún se desconocen las partidas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas. Y advierte de que, además, 2024 podría estar sujeto a mayores restricciones presupuestarias como consecuencia de la reactivación de las medidas de déficit de la Unión Europea (UE).

En contra de algunos mensajes desde los ámbitos políticos, Oficemen, como muchas otras organizaciones empresariales, sostiene que España aún requiere importantes inversiones en infraestructuras que van más allá de las de transporte. Así, advierte de necesidades imperantes en la gestión del ciclo del agua (depuradoras, saneamiento, tuberías...) o en movilidad sostenible. De igual modo, defiende que el parque de viviendas debe crecer y rehabilitarse a tenor del desarrollo demográfico en determinados focos poblacionales y de los compromisos medioambientales como país. Además, reclama a las Administraciones Públicas mayor celeridad en la ejecución de los proyectos para que el diferencial, que el año pasado se vio ampliado, entre licitación e inversión se acote.

En 2023, las cementeras 'españolas' vendieron al exterior 5,4 millones de toneladas, frente a los 5,67 millones de 2022 (-7,5%)

Con la crisis financiera e inmobiliaria en España las empresas multiplicaron sus esfuerzos para aumentar sus exportaciones y durante años se agarraron a ellas para mantener su actividad. Pero desde 2016, cuando tocaron techo en 9,8 millones de toneladas de cemento y clínker, la contracción ha sido continuada. En 2023, las cementeras 'españolas' vendieron al exterior 5,4 millones de toneladas, frente a los 5,67 millones de 2022 (-7,5%) y los 6,7 millones de 2021.

A la caída del consumo nacional de cemento, la industria añade desde hace siete años, por tanto, la progresiva reducción de las exportaciones, dificultando la continuidad de la capacidad de producción actual y aumentando, en consecuencia, la amenaza de nuevos cierres de plantas o deslocalizaciones. De hecho, las cifras del último ejercicio implican que el uso de las fábricas se sitúa en torno al 50%.

A pesar del descenso de 2023, España ha recuperado el liderazgo como primer país exportador de cemento en detrimento de Alemania. Así, según los últimos datos disponibles, correspondientes al año móvil entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, el volumen de cemento y clínker exportado por las fábricas españolas fue de 5,6 millones, frente a los 5,5 millones de Alemania, los 3,7 millones de Grecia, los 3 millones de Bélgica, los 2,3 millones de Eslovaquia y los 1,8 millones de Italia. España, cuyos principales importadores de su cemento son Reino Unido, Francia y Portugal, es el primer exportador fuera de la Unión Europea, con 2,4 millones, y el segundo dentro de los Veintisiete, con 3,1 millones, sólo por detrás de Alemania.

La fortaleza de España dentro de la Unión Europea en el ámbito de las exportaciones no esconde su debilidad en la comparativa por consumo interno. De hecho, ha abandonado la escala de los principales países consumidores de cemento del mundo. Así, los apenas 14,5 millones de toneladas de 2023 quedan a una distancia sideral de China (2.032,2 millones de toneladas), India (478,7 millones) o Estados Unidos (107,6 millones), según los datos de 'The Global Cement Report'. Tras ellos figuran Vietnam, Indonesia, Brasil, Rusia, Irán, Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Corea del Sur, Pakistán, México, Bangladesh, Japón, Filipinas, Irak y Nigeria. Para encontrar al primer Estado Miembro, Alemania, hay que bajar hasta el 20º puesto, con un consumo de 25,81 millones. Francia, Italia o Polonia también superan a España.

Dentro de la UE los españoles son los sextos que menos consumo realizan, con 317 kilogramos al año por persona

Esta clasificación se contextualiza en el tamaño de los países y la apuesta inversora para desarrollar infraestructuras y edificaciones, con un desarrollo menor en muchos casos. Ahora bien, la fotografía de la demanda de cemento per cápita tampoco deja en buen lugar a España. Según el mismo informe, dentro de la UE los españoles son los sextos que menos consumo realizan, con 317 kilogramos al año por persona. Un volumen que representa un 34% menos que la media de los Veintisiete. Sólo rebasa a franceses, suecos, neerlandeses, letones y griegos. La lista está encabezada por Malta, con 1.056 kilogramos, seguido de Luxemburgo (1.035 kilogramos), Chipre (1.021 kilogramos), Austria (753 kilogramos), Bélgica (600 kilogramos) y Rumanía (591 kilogramos).

La pérdida de inversiones en vivienda, edificación no residencial y obra civil, en comparación con los primeros años del presente siglo, es una losa para la industria cementera española. Durante años, trató de compensarla con las exportaciones, pero ahora esta vía también está en clara decadencia como consecuencia, principalmente, de la pérdida de competitividad frente a otros países con condiciones para la producción industrial, sea de cemento o de otros materiales, más favorables. Una odisea en la que las adversidades han ido en ascenso por las exigencias medioambientales y por la dependencia energética de España.

El principal factor que afecta a la competitividad del sector del cemento en España y en Europa es el precio de los derechos de CO2 y su evolución al alza. En 2019 ascendía a 30,2 euros y en 2023 llegó a superar los 100 euros, si bien en diciembre se relajó hasta los 64 euros. Las empresas cementeras europeas tienen el compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Pero ese objetivo implica unos esfuerzos inversores muy relevantes y lo enfrentan, según denuncian, en una posición de desigualdad frente a competidores directos donde las exigencias de descarbonización son mucho más laxas. Un escenario que desde hace unos años está provocando el crecimiento acelerado de grandes productores del Mediterráneo como Turquía, Argelia y Egipto en detrimento de otros como España. Estos países, además, juegan con la ventaja de contar con unos costes energéticos mucho más moderados. Los tres, de hecho, son los principales exportadores de cemento hacia España.

"Si los europeos tenemos el compromiso y los de fuera no, la deslocalización será evidente"

Desde la industria señalan la importancia del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE para la importación de bienes procedentes de fuera de los Veintisiete, que fija un precio justo al carbono emitido durante la producción. Entró en vigor en octubre de 2023 en periodo de pruebas. El sector del cemento asume los objetivos de descarbonización, pero "todos los países tienen que tener la misma responsabilidad", advierte Alan Svaiter, presidente de Oficemen. "Necesitamos tener una competencia justa", agrega.

El CBAM es la piedra sobre la que ha de asentarse todo el proceso de descarbonización, pero "si los europeos tenemos el compromiso y los de fuera no, la deslocalización será evidente", alerta Aniceto Zaragoza, director general de la patronal cementera. "El mecanismo tiene que funcionar bien para que no haya migración de la UE hacia otros países que tengan una responsabilidad menor con la parte medioambiental", agrega. El arancel se introducirá desde 2026 hasta 2034 según se vayan eliminando los derechos de emisión gratuitos.

El CBAM, en todo caso, ayudará a resolver el problema de las importaciones, pero no el de las exportaciones, cuya relevancia es mayúscula en casos como el de España a tenor de la contracción de la demanda interna. La pasada primavera la UE aprobó la legislación de un nuevo ETS (Sistema de comercio de derechos de emisión de la UE) para la asignación gratuita de derechos de CO2 para el transporte por carretera y la construcción que entrará en vigor en 2027. La industria, no obstante, denuncia que las condiciones para dichos derechos "son muy estrictas".

El sector reclama "un proyecto país que nos defina marcos regulatorios bastante claros y garantice la infraestructura para transporte y almacenamiento de CO2"

Con todo, la industria cementera española no se conforma con las medidas a nivel europeo y reclama a las autoridades españolas "un proyecto país que nos defina marcos regulatorios bastante claros y garantice la infraestructura para transporte y almacenamiento de CO2", expone Svaiter. "Hay otros países que almacenan CO2 desde hace mucho tiempo de forma segura; debemos avanzar no solo para el sector del cemento sino para otros que también tienen emisiones de CO2 en sus procesos (de producción)", abunda. "La Comisión Europea está considerando que para el año 2030 hay que almacenar 50 millones de toneladas de CO2", añade Zaragoza, y aunque no ha puesto un valor a cada (Estado) miembro, España necesitará almacenar al año en 2030 cinco o seis millones de toneladas por el peso de nuestra industria", por lo que "es necesario tener una hoja de ruta ya", avisa.

Bruselas arrojará luz la próxima semana sobre los pasos que se deberán dar a nivel comunitario. Pero, por ahora, "el centro y el norte de Europa está lleno de proyectos de captura y almacenamiento de CO2 y en el sur no", lamenta Zaragoza. Y añade: "si una industria no tiene soluciones de almacenamiento no podrá ser neutra en carbono en 2050 y los incentivos a buscar otros sitios (para producir) son enormes". "Es un elemento de política industrial", remacha.

Perte de Descarbonización Industrial

Por el momento, desde Oficemen valoran que el Gobierno español haya implementado el Perte (Proyectos estratégico para la recuperación y transformación económica) de Descarbonización Industrial, si bien consideran que la dotación inicial, de 1.000 millones de euros, será previsiblemente insuficiente. "Si lo comparamos con el del automóvil es pequeño", lamenta Zaragoza. "Creemos que la dotación es muy pequeña para las necesidades, pero lo sabremos dentro de poco tiempo", insiste. Por el momento, el pasado 24 de enero, el Ministerio de Industria abrió la ventanilla para la presentación de las solicitudes de fondos europeos para proyectos de descarbonización con cargo a la primera línea de actuación del Perte. "Si las peticiones han superado claramente el límite de las ayudas será un argumento sólido para tratar de ampliar el Perte", incide el director general de Oficemen.

La demanda del sector industrial es que este apoyo para la descarbonización que ahora se instrumenta a través de un Perte en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "se conforme en una línea permanente que nos acompañe hasta 2050".

En sus objetivos de descarbonización, los esfuerzos inversores por parte de las cementeras españolas se están traduciendo ya en un mayor uso de materias primas descarbonatadas y en la creciente utilización de combustibles alternativos, de derivados de residuos. "El 40% de los combustibles que utilizamos en nuestros hornos ya son derivados de residuos", destaca Svaiter. Asimismo, trabajan en el desarrollo de nuevos cementos bajos en carbono y están implementando medidas para que el suministro eléctrico proceda de fuentes renovables y autoconsumo.

Y es que además de la problemática del CO2, la industria española, en general, y la cementera, en particular, compite con la desventaja que suponen los costes de la energía, superiores a la mayoría de las grandes economías europeas y, como se ha mencionado, de otros pujantes países del Mediterráneo. En el caso del sector cementero, el coque de petróleo es el principal combustible para su producción. En 2019, el precio medio fue de 47,3 dólares por tonelada y en 2022 ascendió hasta los 154,9 dólares. En 2023 se ha moderado significativamente, pero aún presenta niveles que duplican a los de hace cuatro años.

De igual modo, la industria española enfrenta unos precios de la electricidad sustancialmente superiores a los de otras grandes economías europeas, incluso tras la vertiginosa caída que experimentaron en 2023. El último año el precio medio en el mercado mayorista de electricidad fue de 88,81 euros por Mwh (megavatio hora), frente a los 209,48 euros de 2022 y los 111,38 euros de 2021, pero aún muy por encima de 2020 (33,96 euros), 2019 (47,71 euros) o 2018 (56,98 euros). Así, el precio para un consumidor electrointensivo en España ascendía a 25 de diciembre de 2023 a 94,63 euros Mwh, un 76,78% más caro que en Francia (42,13 euros Mwh) y un 32,88% más caro que en Alemania (67,91 euros Mwh).