El juez Juan Carlos Peinado ha imputado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su exasesora, Cristina Álvarez, por un posible delito de malversación de caudales públicos en la contratación de esta última como asistente. Ambas han sido llamadas a declarar en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid el próximo 10 y 11 de septiembre.
La investigación comenzó con una querella presentada por Vox y apoyada por asociaciones como Manos Limpias o HazteOir.org. Hasta ahora, la esposa de Pedro Sánchez figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo relacionados con hechos que van desde su contratación en el Instituto de Empresa a la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como también el software del que podría haberse apropiado indebidamente o la firma de un pliego de contrato para el desarrollo de este.
Ahora, el juez Peinado suma una causa más e imputa a la 'primera dama' por un posible uso indebido de personal y recursos públicos para actividades privadas. Entre las pruebas que manejan se encuentran correos electrónicos en los que la asistente de Gómez contactaba con empresas privadas para solicitar patrocinios, su papel como persona de confianza en actividades ajenas a sus funciones oficiales y su relación con el Grupo Barrabés, beneficiario de contratos públicos. El magistrado considera, además, que la amistad previa entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez es un dato clave en el caso y habla de "desviación de recursos públicos en favor de intereses privados ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno". Y concluye: "Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez".
Vacaciones en La Mareta
La noticia ha pillado a Begoña Gómez en La Mareta, la residencia vacacional del presidente del Gobierno a la que el matrimonio se trasladó a principios de mes con sus hijas, Ainhoa y Carlota, y la madre de Pedro Sánchez, Magdalena. El líder de Moncloa interrumpió sus vacaciones el pasado fin de semana para acudir al centro de mando de Ourense y visitar también la zona afectada por el incendio en Villablino (León) antes de regresar a Lanzarote. Está previsto que el martes regrese a la península para visitar Cáceres y Zamora, muy afectadas también por el fuego.
El Palacio de la Mareta es una bonita residencia de Patrimonio Nacional que regaló el rey Hussein de Jordania a Don Juan Carlos a finales de los 80. Cuenta con diez bungalows independientes, dos piscinas, amplios jardines con vegetación autóctona, un lago ornamental y hasta un helipuerto. Todo ello distribuido en una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. El espacio edificado, de unos 1.900 metros, alberga estancias de gran confort y zonas pensadas para preservar la intimidad de sus ocupantes.
El mantenimiento mensual de La Mareta ronda los 10.000 euros, una cifra que se justifica en parte por su singularidad arquitectónica y el esfuerzo por preservar el diseño original de Manrique. La finca se ha utilizado también como instrumento diplomático y ha recibido visitas institucionales de otros mandatarios europeos. El presidente tenía previsto alargar su estancia en el lugar hasta el 25 de agosto, aunque la situación, tal y como se ha comprobado estos días, podría cambiar.
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