Ghislaine Maxwell, trasladada a una prisión tan confortable como un hotel: el privilegio que indigna a las víctimas y señala a Trump

La presa Maxwell vive en condiciones penitenciarias que indignan a las víctimas, y el caso Epstein resurge con fuerza. Trump está bajo sospecha y el temor en su entorno es claro: ¿Y si lo que Maxwell aún no ha dicho es mucho más peligroso que todo lo que ya se sabe? Dicen que lo votantes de Trump son tan fanáticos que le perdonarían si saliera por Manhattan con un rifle automático y dispara contra los viandantes. Pero, ¿se perdonaría por ejemplo a un político que fuera abusar de menores explotadas?

El asunto arde en los noticiarios de EEUU este verano junto al infierno de Gaza, los aranceles y los submarinos nucleares que amenazan a la Rusia de Putin. La amenaza de Ghislaine Maxwell y sus revelaciones puede sacudir los cimientos del segundo mandato del presidente Donald Trump. Su reciente traslado a una prisión de mínima seguridad, un privilegio incomprensible, ha provocado una oleada de indignación ciudadana, mientras crecen las sospechas sobre lo que Maxwell podría saber —y callar— respecto a las conexiones del mandatario con la red de explotación sexual liderada por Epstein.

Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, fue trasladada el pasado viernes desde una prisión de máxima seguridad en Florida a una instalación de baja vigilancia, un centro que algunos medios ya comparan con un hotel de retiro más que con una penitenciaría federal. Este movimiento, autorizado por el Departamento de Justicia bajo la actual administración, ha generado una fuerte reacción tanto de las víctimas como de los defensores de derechos humanos.

"Ghislaine Maxwell es una depredadora sexual que asaltó a niñas menores en múltiples ocasiones y no merece indulgencia alguna", denuncia la familia de Virginia Giuffre, una de las víctimas más emblemáticas del caso, quien falleció trágicamente esta primavera tras pactar una compensación millonaria del príncipe Andrés por detener sus procesos contra el hijo de la reina Isabel II, que por cierto fue quien puso la mayor parte de los 13 millones de libras.

En un comunicado conjunto con otras víctimas, los padres de la fallecida califican el traslado como "una traición del sistema judicial" y señalan que el trato preferencial a una delincuente condenada por abuso infantil es "un insulto a las supervivientes".

El malestar no se detiene ahí. El presidente Trump ha intentado mantener distancia con el caso, asegurando en reiteradas ocasiones que rompió su amistad con Epstein mucho antes de su detención y posterior suicidio en 2019. Sin embargo, fotografías, testimonios y documentos que lo vinculan con Epstein y Maxwell circulan cada vez con mayor intensidad y erosionan la confianza de parte del electorado. Incluso dentro de círculos republicanos.

La controversia se ha agudizado tras revelarse que el fiscal general adjunto, Todd Blanche —miembro clave del gabinete de Trump y antiguo abogado personal del presidente— se reunió en secreto con Maxwell durante dos días, poco antes de su traslado. Según fuentes judiciales citadas por diversos medios norteamericanos, durante ese encuentro en Florida, Maxwell ofreció una lista con más de cien nombres de personas involucradas en la red de Epstein a cambio de inmunidad. Sin embargo, de manera sorprendente, Donald Trump no figura entre los implicados. Eso ha despertado más sospechas que alivio.

La falta de transparencia y la inmediatez del traslado tras esa conversación han llevado a congresistas republicanos a advertir públicamente que cualquier intento presidencial de indultar a Maxwell sería "inaceptable y devastador para el partido". La Casa Blanca ha rechazado que exista tal intención, pero el rumor de un posible acuerdo para silenciar a Maxwell ha calado hondo en la opinión pública.

Las encuestas reflejan este desconcierto: un 63% de los estadounidenses cree que el presidente Trump oculta información sobre el caso Epstein, según un sondeo de la Universidad de Massachusetts Amherst. La cifra ha aumentado desde que el Departamento de Justicia, bajo su administración, cerró la investigación afirmando que no existía ninguna "lista negra" de clientes, ni pruebas concluyentes de que Epstein fuera asesinado.