Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, continúa evadiendo el cumplimiento de la justicia, a pesar de haber sido declarado culpable por un jurado popular de 34 delitos relacionados con la falsificación de documentos en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. La sentencia que debía fijar las penas ha sido aplazada indefinidamente por el juez Juan Merchan, lo que refuerza la percepción de una justicia que tambalea frente al poder político.
El aplazamiento surge en un contexto de maniobras legales y presiones políticas. Aunque inicialmente el Tribunal Supremo debía pronunciarse el 26 de noviembre sobre la inmunidad presidencial, el fallo fue pospuesto, dejando ahora sin fecha una decisión clave para el futuro legal de Trump. Además, el juez Merchan ha aceptado que la defensa presente una nueva moción para desestimar el caso, otorgándoles hasta el 2 de diciembre para entregar sus documentos y a los fiscales hasta el 9 de diciembre para responder. El equipo legal de Trump, que había solicitado plazo hasta el 20 de diciembre, sigue ganando tiempo para dilatar el proceso.
Delitos y encubrimientos: un caso emblemático
El caso se centra en los 130.000 dólares pagados a Stormy Daniels para silenciar su relación con Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016, una maniobra destinada a proteger su imagen pública y sus opciones electorales. Los pagos fueron ocultados mediante la falsificación de cheques, facturas y registros contables, configurando 34 delitos. Aunque cada cargo podría implicar hasta cuatro años de prisión, en este tipo de casos las penas suelen ser concurrentes y terminar en multas o libertad condicional, más aún tratándose de una figura política de alto perfil.
El veredicto de culpabilidad, alcanzado en mayo, parecía ser un punto de inflexión en la rendición de cuentas de Trump. Sin embargo, los recientes aplazamientos han generado frustración en quienes esperaban que el sistema judicial actuara con firmeza. Stormy Daniels, quien ha sido una figura central en el caso, ha denunciado públicamente la situación como una "farsa" que deja en evidencia los privilegios legales y políticos de Trump.
La inmunidad presidencial: un escudo para Trump
El argumento central de la defensa de Trump es su condición de presidente electo, que, según sus abogados Todd Blanche y Emil Bove, le otorga inmunidad frente a cualquier proceso penal. "Al igual que un presidente en ejercicio es completamente inmune a cualquier proceso penal, también lo es el presidente Trump como presidente electo", sostienen sus defensores, quienes ya han sido propuestos por Trump para altos cargos en el Departamento de Justicia, un gesto que subraya la estrategia de blindaje legal del republicano.
Este escudo de inmunidad no solo posterga cualquier posible sentencia, sino que pone en duda la capacidad del sistema legal estadounidense para sancionar a sus líderes cuando violan la ley. La situación plantea preguntas profundas sobre la separación de poderes y la equidad en la aplicación de la justicia.
Un precedente preocupante
El caso de Stormy Daniels no es solo un escándalo personal; representa un test crucial para la integridad del sistema judicial en Estados Unidos. Con cada aplazamiento, la percepción de que Trump goza de un trato preferencial se fortalece, lo que podría sentar un precedente peligroso para futuros líderes.
Mientras el proceso judicial se alarga, la actriz Stormy Daniels sigue alzando la voz como símbolo de resistencia frente a la impunidad. Pero la pregunta persiste: ¿triunfará finalmente la justicia, o será este caso recordado como una grieta irreparable en el Estado de Derecho?
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