El expresidente argentino Alberto Fernández enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta 18 años de prisión por "violencia física, psicológica y económica" contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. Así lo asegura el fiscal Ramiro González, quien solicitó el lunes la comparecencia del ex mandatario que precedió a Milei en la Casa Rosada tras concluir una investigación de dos meses que detalla una serie de presuntos abusos cometidos a lo largo de su relación.
El expediente del fiscal, un documento de 160 páginas, presenta pruebas de testigos, fotografías, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que González considera evidencia de un patrón de "violencia recurrente" por parte del expresidente. Según el fiscal, los abusos habrían comenzado "prácticamente desde el inicio de la relación" y se intensificaron durante su convivencia en la residencia presidencial de Olivos, entre 2019 y 2023. El juez Julián Ercolini deberá ahora evaluar si las pruebas presentadas son suficientes para iniciar una imputación formal contra Fernández y avanzar hacia un eventual procesamiento.
González acusa a Fernández de dos delitos de lesiones agravadas, una de las cuales habría provocado un "debilitamiento permanente en la salud" de Yáñez, además de presuntas coacciones para impedir que ella lo denunciara. De ser hallado culpable en todos los cargos, el expresidente podría enfrentar una pena de hasta 18 años de cárcel.
El fiscal afirma que en uno de los episodios Fernández habría golpeado a Yáñez en el rostro, causando una lesión en su ojo derecho que evolucionó de enrojecimiento a un hematoma visible. En otro incidente, según el fiscal, Fernández habría dejado una marca en el brazo de Yáñez tras un forcejeo.
Indiferencia e insultos
Las imágenes de ambas lesiones llegaron al juez Ercolini de manera inesperada, mientras examinaba el contenido del teléfono de María Cantero, secretaria de Fernández, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Además de Fernández, el juez ha citado a declarar el 20 de este mes a otras 38 personas, entre ellas el esposo de Cantero.
Más allá de la violencia física, González sostiene que Fernández ejerció "violencia psicológica sistemática" contra Yáñez, que incluía "acosos, hostigamientos, control excesivo, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, silencio y hostilidad". Una experta en psiquiatría forense convocada por la querella concluyó que Yáñez padece "múltiples secuelas de daño psicológico reactivo a situaciones de violencia sistemática y crónica sufridas durante su relación de pareja".
La relación entre Fernández y Yáñez se deterioró públicamente hacia el final de su mandato en 2023, cuando Yáñez se mudó a Madrid con el hijo menor de la pareja. Según el fiscal, desde entonces el expresidente habría ejercido presión económica sobre Yáñez y le exigió que ocultara los presuntos abusos. La querella asegura que Fernández "coaccionó" a Yáñez para que no lo denunciara, afectando de esta manera el curso de un expediente federal.
Por su parte, Fernández ha negado categóricamente las acusaciones y su defensa subraya que Yáñez se rehusó a entregar su teléfono celular a la justicia. El equipo legal del expresidente ha aportado capturas de pantalla de conversaciones como parte de su estrategia para cuestionar la veracidad de las acusaciones.
El avance del proceso depende ahora de la decisión del juez Ercolini, quien evaluará la suficiencia de las pruebas para decidir si Fernández deberá enfrentar una investigación formal. La causa se ha convertido en un tema de alto perfil, con potenciales implicancias legales y políticas para el expresidente argentino.