Cadena perpetua. La sentencia del tribunal tailandés contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha caído como una losa en su familia y también en su defensa, confiados hasta hace pocas horas de que obtendrían un escenario más grato para el joven español. Ahora tienen un mes para interponer recursos, el mismo que tiene la corte de Koh Samui para decidir a qué prisión envía al reo para cumplir la condena. Se barajan dos opciones y ninguna buena: Surat Tani o Bang Kwang, ambas catalogadas como dos de las cárceles más peligrosas y duras del mundo. Sea cual sea, el gobierno español tiene obligación de 'cuidar' desde la distancia, y hasta que pueda ser extraditado, al hijo de Rodolfo Sancho. Las medidas ya se han puesto en marcha.
En primer lugar, se otorga una ayuda económica que asciende a 120 euros mensuales para cubrir los gastos básicos que puedan surgir en la prisión. Generalmente la reciben a través del pecunio, es decir, directamente se ingresa en las arcas de prisión a cuenta del preso para gastar en la tienda interna. El Ministerio de Exteriores de España explica que "son las Oficinas Consulares las que entregan esta ayuda económica", que tiene que ser solicitada por el reo.
'Fundación +34' es la encargada de asistir ahora mismo a los 687 presos españoles fuera de nuestras fronteras, incluido Daniel, gracias a sus más de 400 voluntarios. Además de la mensualidad, prestan atención humanitaria, les entregan bienes de primera necesidad (un kit higiénico cada tres meses) y asistencia médica si la necesitan.
El Gobierno de España, a través de los Consulados, se encarga además de visitar al preso para comprobar su estado, comunicarse con sus familiares, facilitar el envío de enseres personales desde sus respectivos hogares, entregar mensajes y correspondencia, asistir a los juicios y acompañar en los traslados, entre otras cosas.
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