Juan Carlos I filtra que ha devuelto los millones que le prestaron para regularizar su situación fiscal: ¿con el adelanto de sus memorias?

Juan Carlos I quiere que se publique que ha devuelto en su totalidad los préstamos que solicitó a un grupo de empresarios para afrontar las regularizaciones fiscales con la Agencia Tributaria española. Citando fuentes cercanas al ex jefe del Estado, el diario El Mundo asegura que el antiguo monarca ha abonado más de cuatro millones de euros, supuestamente, gracias a los ingresos generados durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde 2020.

Estas mismas fuentes detallan que buena parte de estos ingresos provienen de la venta de derechos para la realización de documentales sobre su vida, así como de su participación en operaciones comerciales de intermediación (¿Comisionista?). Nos preguntamos si en esos derechos se incluye el adelanto que Planeta u otras editoriales le han pagado por Reconciliación, las memorias escritas con la ayuda de su biógrafa francesa, que se publican en otoño.

Pero la hacienda española no puede verificar nada de esto: al no ser ya residente fiscal en España, estas actividades escapan al control de la Agencia Tributaria española, lo que le exonera de cumplir con el fisco español.

La operación más importante de regularización tuvo lugar en febrero de 2021, cuando el rey emérito pagó a la Agencia Tributaria una cantidad exacta de 4.395.901,96 euros, incluyendo recargos e intereses de demora. Ese monto correspondía a gastos derivados de viajes privados, valorados en unos ocho millones de euros, que fueron sufragados a través de la Fundación Zagatka. Esta entidad, radicada en Liechtenstein, era gestionada por su primo Álvaro de Orleans-Borbón y se encargaba de cubrir numerosos gastos del monarca sin declararlos ante Hacienda, tanto durante su etapa en la Zarzuela como después de su abdicación en 2014.

Previamente, en diciembre de 2020, Juan Carlos ya había realizado una primera regularización fiscal por valor de 680.000 euros. Esta cantidad se relacionaba con regalos recibidos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que el Fisco consideró un incremento patrimonial no justificado.

El rey emérito buscó financiación privada para hacer frente a sus deudas tributarias. Había perdido su asignación oficial tras serle retirada por su hijo tras desvelarse sus escándalos. Sus asesores legales descartaron recurrir a donaciones —sujetas a un gravamen del 40% y con posibles implicaciones penales si se interpretaban como favores debidos a su condición de rey— y optaron por la fórmula del préstamo.

Así, Juan Carlos I se supone que firmó acuerdos de préstamo (nunca documentados) con una decena de empresarios y aristócratas españoles, quienes (¡Oh, sorpresa!) exigieron permanecer en el anonimato. La legalidad de estas operaciones estaba condicionada a que los préstamos fueran reales y devueltos en su totalidad, para evitar que se considerasen simulaciones que encubrieran donaciones encubiertas. Según la versión ahora filtrada desde el entorno del antiguo monarca, estas devoluciones ya han sido completadas, lo que eliminaría el riesgo de que Hacienda pudiera reclamar responsabilidades adicionales.

No es la primera vez que el rey emérito podría enfrentara a un episodio fiscal controvertido. En el pasado, regaló a su hija, la infanta Cristina, 1,2 millones de euros para financiar la compra de un palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes, junto a su entonces esposo Iñaki Urdangarin. El dinero fue necesario después de que La Caixa les denegara un crédito. Aunque la infanta devolvió una parte del importe, la Fiscalía investigó el caso en el marco de la causa Nóos. Determinó que podría constituir delito fiscal, pero lo declaró prescrito y no exigió conocer el origen del dinero.

Con sus pagos, Juan Carlos I se acogió al artículo 305.4 del Código Penal, que permite a un contribuyente regularizar su situación tributaria si reconoce y abona íntegramente su deuda antes de que se le notifique formalmente una investigación. Sin embargo, esta regularización fue polémica: aunque ya existían diligencias abiertas por la Fiscalía, sus asesores evitaron recibir notificación oficial, lo que les permitió acogerse a esa vía legal.

Aún después de las dos grandes regularizaciones, el emérito tuvo que afrontar otro procedimiento en 2022. Hacienda lo investigó por regalos como cacerías y obsequios diversos recibidos entre 2014 y 2018. Esta cuestión se resolvió mediante el pago de una sanción administrativa inferior a los 500.000 euros.

Tras estos episodios, Juan Carlos I decidió fijar su residencia fiscal fuera de España, lo que le permite operar al margen del escrutinio fiscal nacional. Desde Emiratos, continúa su vida con discreción. Según fuentes próximas, el padre del actual monarca ha asumido que no volverá a residir en España y, como adelantaba Informalia hace días, contempla morir en el extranjero, una idea que su entorno también comparte con resignación: "La gente muere donde vive".