Un grupo formado por destacados ex magistrados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, filósofos y periodistas ha presentado una querella contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entre los querellantes se encuentran los magistrados jubilados Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, los ex fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, el filósofo Santiago Alba y la periodista Pilar del Río. Acusan al ex monarca de haber cometido cinco delitos fiscales relacionados con la Hacienda Pública.
El origen de la querella
La querella surge a partir de los hechos investigados previamente por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las diligencias al considerar que el rey emérito había regularizado su situación tributaria antes de ser informado formalmente de las investigaciones. En diciembre de 2020 y febrero de 2021, Juan Carlos I pagó 678.000 euros y 4.395.000 euros, respectivamente, en concepto de regularizaciones fiscales. La Fiscalía entendió entonces que estas actuaciones impedían proceder penalmente contra él, al considerar que cumplían con los requisitos legales de una "regularización espontánea".
Sin embargo, los querellantes discrepan. Afirman, según avanza El País, que la regularización del emérito no cumple con los criterios establecidos en la ley para ser considerada eximente penal. Alegan que Juan Carlos I fue informado previamente por la Fiscalía de la apertura de diligencias de investigación, lo que impide cualquier excusa absolutoria. Además, sostienen que las cantidades multimillonarias ingresadas por el ex monarca a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, no fueron declaradas al fisco, y que los pagos realizados mediante préstamos tampoco son válidos para justificar la regularización.
Las irregularidades investigadas
El caso se remonta a los años 2014-2018, cuando Juan Carlos I no declaró al fisco diversos ingresos percibidos desde el extranjero. Entre estos destacan los fondos gestionados por la fundación Zagatka, que pagó hasta ocho millones de euros para cubrir gastos privados del ex monarca y del empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. Los querellantes subrayan que el rey emérito presentó autoliquidaciones tributarias en 2021 únicamente después de conocer la existencia de investigaciones en curso, lo que invalida la "espontaneidad" requerida por la normativa.
La ley española prohíbe expresamente que un contribuyente regularice su situación fiscal si previamente la Agencia Tributaria o la Fiscalía han iniciado una inspección o investigación. Según los querellantes, Juan Carlos I fue advertido en 2020 de la existencia de irregularidades en sus declaraciones de impuestos. Incluso argumentan que, desde junio de ese año, los medios de comunicación habían informado ampliamente sobre estas investigaciones, lo que permitía al exmonarca estar al tanto de la situación.
La base legal de la querella
La querella se apoya en el artículo 305 bis del Código Penal, que penaliza los delitos contra la Hacienda Pública con penas de prisión de dos a seis años y multas que pueden alcanzar hasta seis veces la cantidad defraudada cuando los delitos superan los 600.000 euros. Además, el artículo 305.4 establece que solo se considera válida una regularización fiscal si se realiza antes de que las autoridades notifiquen al contribuyente el inicio de investigaciones. Los querellantes argumentan que la actuación de la Fiscalía al archivar el caso carece de sustento legal, ya que contradice los datos temporales recogidos en sus propios documentos. En su opinión, las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I no fueron "íntegras y espontáneas", lo que invalida la exención de responsabilidad penal que se le otorgó.
Solicitudes de la querella
En el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, los querellantes solicitan que se cite a Juan Carlos I para declarar en su residencia actual en Abu Dabi. También piden que se interrogue a una decena de personas vinculadas a sociedades o fundaciones que gestionaron la fortuna del ex monarca o abonaron sus gastos. Entre los señalados se encuentran representantes de la fundación Zagatka y otras entidades que participaron en las operaciones financieras investigadas. Esta nueva querella contra el rey emérito reaviva las críticas hacia su figura y su conducta durante los últimos años de su reinado y después de su abdicación en 2014. El caso podría tener consecuencias legales significativas, ya que cuestiona directamente la interpretación de la Fiscalía sobre la validez de la regularización fiscal y plantea dudas sobre la gestión de los fondos del ex monarca. La querella busca aumentar la presión para abordar con mayor transparencia y rigor los casos de presunta corrupción que involucran al antiguo jefe de Estado.