El Gobierno desguaza Castor y lo venderá por partes para paliar un agujero de más de 2.000 millones

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida para el desmantelamiento del almacén de gas Castor, el mayor fiasco de un proyecto energético en nuestro país .Más de una década después de su paralización por los seísmos registrados frente a las costas de Castellón, el proyecto que nunca llegó a operar comercialmente inicia su desmontaje definitivo.

El proceso se desarrollará en dos grandes fases que combinan operaciones submarinas de alta complejidad, retirada de infraestructuras industriales y un denso entramado de autorizaciones administrativas que elevarán la factura final de esta polémica instalación por encima de los 2.000 millones de euros para los españoles.

El Castor fue diseñado para convertirse en uno de los principales almacenes de gas natural en España. Una obra faraónica que ahora tratará de paliar parte del agujero económico con la venta por partes de la instalación y convertirá los restos en escombro.

El proyecto se apoyó en el antiguo yacimiento petrolífero de Shell en Amposta, bajo el lecho marino, y supuso una inversión de más de 1.700 millones de euros, frente a los 500 millones planeados inicialmente. Las obras concluyeron en 2012. Apenas un año después, las inyecciones de gas desencadenaron alrededor de 400 seísmos que provocaron alarma social y obligaron a paralizar la actividad.

Tras la renuncia de la concesionaria en 2014, el Gobierno asumió la instalación y aprobó el pago de una indemnización a ACS, promotora junto con la canadiense Dundee de la instalación, por un valor de 1.460 millones de euros, cargados a la factura del gas de los consumidores. El Tribunal Constitucional anuló ese mecanismo en 2017.Desde entonces, el Castor ha permanecido hibernado bajo gestión de Enagás, a la espera de una decisión definitiva para su desmantelamiento.

Desde esta misma semana se iniciará la primera fase del proceso centrada en el sellado de los pozos y la seguridad submarina. La operación se iniciará con el sellado y abandono definitivo de los 13 pozos conectados al yacimiento (ocho pozos de operación, 4 de monitorización y uno para la reinyección de agua). Esta tarea, de alta complejidad técnica, se desarrolla desde la plataforma autoelevable Noble Resolve, que llegó a España transportada por un buque especializado desde Dinamarca.

La jack-up, ya instalada frente a la costa de Vinaròs, está equipada para ejecutar las operaciones de taponado: retirada de tapones temporales -caducados hace 5 años-, limpieza de tuberías, cementación en profundidad y colocación de varios tapones de seguridad.

Lloyd's Register ha realizado desde la hibernación de la instalación inspecciones anuales para cerciorarse de que se mantenía la integridad y seguridad.

El proceso incluye tres niveles de sellado: un tapón profundo que aísla el yacimiento, uno intermedio y otro somero que protege los acuíferos superficiales. Posteriormente, se restaurará el fondo marino.

En todo momento, los pozos están monitorizados mediante sensores y estaciones sísmicas submarinas (OBS), en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional. La duración estimada de esta primera fase es de ocho meses. Posteriormente, el Gobierno tendrá que autorizar la segunda fase del desmantelamiento que se centrará en el desguace de las infraestructuras marina y terrestre.

Concluido el sellado de los pozos, se procederá a la retirada de las plataformas PUQ y WHP, el gasoducto submarino de 22 kilómetros, la planta de operaciones de Vinaròs y el ramal terrestre hasta la red gasista.

Entre las autorizaciones administrativas pendientes figuran: Una nueva Declaración de Impacto Ambiental, los permisos sectoriales autonómicos y municipales y la autorización de cierre definitiva por parte del Ministerio de Transición Ecológica junto con el informe favorable de la Comisión OSPAR, que regula el tratamiento de las instalaciones offshore.

El plan técnico elaborado por Enagás ya en 2018 propone dejar inertes y enterrados los gasoductos para evitar un impacto ambiental innecesario.

En cuanto a las plataformas, su retirada podrá realizarse mediante grúas flotantes o con el megabuque Pioneering Spirit, capaz de izar estructuras completas. El destino final de los materiales seguirá la jerarquía ambiental: reutilización, reciclaje y, por último, desguace. Es decir, se intentará recuperar parte de las enormes pérdidas económicas con la venta de sus materiales e instrumentación.

El caso Castor se ha convertido en paradigma de las consecuencias de planificar infraestructuras energéticas sin contar con el apoyo del territorio ni evaluar todos los riesgos geológicos, lo que hoy conoceríamos como la licencia social operativa.

Su desmantelamiento, con un coste estimado de entre 260 y 300 millones de euros, marca el cierre definitivo del mayor escándalo del sistema gasista español. Si bien el proceso de sellado ya está en marcha, la segunda fase aún está pendiente de permisos.

El calendario definitivo dependerá de la celeridad administrativa y de la disponibilidad de los medios especializados para ejecutar las operaciones, ya que el Consejo de Ministros encargó a Enagás Transporte el sellado y abandono definitivo de los pozos del Castor el 31 de octubre de 2019. La compañía presentó en tiempo y forma el proyecto al Gobierno el 7 de julio de 2021 -cuando ya habían caducado los tapones-, pero desde entonces no se habían logrado los permisos necesarios.

Escal UGS denunció entonces que no se le había dado audiencia en el expediente de aprobación del Acuerdo de desmantelamiento, pese a considerar que tenía carácter de interesado, en la medida en que fue incluida en el sistema de liquidaciones del sistema del déficit tarifario de gas natural, y se le reconocían una serie de derechos económicos con cargo al mismo, derivados de su condición de anterior titular del Castor pero la Sala III del Tribunal Supremo declaró la inadmisibilidad de dicho recurso por falta de legitimación.

Diez años después de la hibernación del Castor, la Audiencia Nacional obligó a Escal UGS -la sociedad formada por ACS y la canadiense Dundee- a devolver 209 millones de euros más los intereses recibidos como retribución financiera. La compañía presentó un recurso contra la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de obligarles a devolver esta cantidad, percibida indebidamente, tras la revisión de oficio de la liquidación definitiva de las actividades reguladas del gas del año 2014.

El presidente ACS, Florentino Pérez, compareció ante el Parlament de Cataluña en junio de 2019 donde se mostró sorprendido por su convocatoria y aseguró que no participó en nada y que desconocía la marcha del proyecto hasta que se produjeron los seísmos, aunque el escándalo del Castor ya estaba en las portadas de los periódicos desde 2012 por haber prácticamente triplicado los costes previstos. Está obra "apenas representa el 1% de los ingresos de ACS", justificó Pérez. No obstante, la plataforma del Castor fue bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid.

Recaredo del Potro, presidente de Escal, impulsora del proyecto, impulsaba la inversión en Castor en 2006 amparándose en que la inversión necesaria era de 510 millones y aunque auguraba una cierta revalorización, seguro que nunca imaginó que casi se fuera a multiplicar por tres el coste, poniendo completamente en duda el sentido económico de esta inversión para el sistema gasista.

El presupuesto de Castor aumentó de forma relevante desde que entrara en el proyecto la constructora ACS. Escal dio acceso a la compañía de Florentino Pérez, en un principio para diseñar el almacén, y para que la constructora facilitara la concesión de los permisos locales y autonómicos. Una vez logradas las licencias, el Ministerio de Industria -con Miguel Sebastián a la cabeza- dio barra libre a la constructora y reconoció todos los costes en los que incurriera el proyecto por el hecho de ser una infraestructura incluida en la Planificación Energética por José Montilla.

Esta situación provocó que las alertas saltaran en todo el sector cuando comenzaron a verse las cifras que se estaban alcanzando. De ahí, que la propia Comisión Nacional de la Energía, aunque tarde, alertase de que este desajuste iba a disparar el coste del gas por la puesta en marcha de esta instalación.

Reversión de terrenos

El desmantelamiento del Castor no sólo implica retos técnicos. Existen también posibles implicaciones legales vinculadas a los terrenos que fueron expropiados.

La Ley de Expropiación Forzosa establece que, si la infraestructura no entra en funcionamiento, los propietarios originales pueden solicitar la reversión de sus terrenos. En este caso, los gasoductos quedarán enterrados sin uso, lo que podría abrir la puerta a reclamaciones patrimoniales.

Los costes del desmantelamiento serán auditados para su pago posterior a Enagás, al igual que el coste de las labores de hibernación que ha llevado a cabo en los últimos años la compañía.