El Gobierno encarga un estudio sobre el impacto del cierre de la nuclear de Almaraz

El Ministerio de Transición Ecológica ha encargado al Instituto de Transición Justa que elabore un análisis socioeconómico para evaluar el impacto del cierre de la Central Nuclear de Almaraz, con el fin de desplegar medidas y fondos destinados a mitigar los efectos de este proceso, y diseñar el proceso de transición justa para el territorio.

Esta medida, que se incluía dentro del plan de acción urgente recogido en la Estrategia de Transición Justa, pretendía fijar el trabajo a realizar en las zonas en las que se producían cierres de minerías, térmicas de carbón o centrales nucleares con cierre aprobado y se ha incorporado al plan de trabajo de 2025 del Instituto.

Enresa acordó por unanimidad con las eléctricas un calendario para el cese de la explotación de los siete reactores nucleares aún operativos en España. En 2019, la compañía responsable de los residuos nucleares y las energéticas alcanzaron un acuerdo para el desmantelamiento de las centrales nucleares.

El proceso comenzará en 2027 con el cierre de Almaraz (Cáceres) y culminará en 2035, cuando todas las plantas nucleares del país habrán cesado sus operaciones.

Según figura en los documentos del Instituto para la Transición Justa, este cierre será ordenado y escalonado, afectando a cuatro reactores durante el periodo de vigencia del presente PNIEC.

El documento añade además que "Se ha garantizado que este cese es compatible con la plena garantía de suministro eléctrico, respaldado por los informes de Red Eléctrica de España", un extremo que las eléctricas ponen en duda por los incumplimientos que consideran que se pueden producir dentro de este plan en materia de almacenamiento operativo y porque el Gobierno todavía no ha solicitado el informe correspondiente a dicha central a REE.

Desde el Instituto para la Transición Justa se trabajará durante este año para anticipar el impacto de este cierre, pero un estudio elaborado por las Asociación de Municipios Nucleares cifra en el 60% la pérdida de ingresos de los ayuntamientos de la zona. Concretamente, AMAC calcula que se perderán 15 millones anuales en conjunto. Así, Saucedilla, Romangordo, Almaraz, Serrejón e Higuera de Albalat verán claramente afectada su viabilidad económico-financiera.

Esta situación, consideran, obligará a los Consistorios a tomar medidas "inmediatas y radicales" como recortes en sus plantillas, reducción de los servicios municipales e incremento de tasas y precios públicos, lo que tendrá un impacto directo en la población ya que se reducirá el empleo, los servicios y la calidad de vida, impulsando la emigración lo que agravará el problema de despoblación y envejecimiento en la zona.

Con fecha 26 de marzo de 2019, Almaraz presentó ante el Ministerio una solicitud de renovación última y definitiva de la autorización de explotación de la Central para continuar la operación hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, pero según indica el Foro Nuclear, las autorizaciones se tramitaron como si el permiso fuera a ser de diez años, lo que facilitaría una decisión rápida en caso de que el Gobierno decidiera cambiar de opinión si se produce el diálogo que están solicitando las eléctricas.

Enresa lanzó el anuncio previo del proceso de licitación de los servicios de ingeniería para desmantelar la central nuclear pero todavía no ha dado el paso en firme de su convocatoria definitiva.