Santander y Fridman apuran el plazo para evitar que Dia vaya hoy a concurso

A la cadena de supermercados Dia se le agota hoy el plazo para evitar el concurso de acreedores. Cumplidos dos meses desde la última junta de accionistas, y tal y como marca la ley, la compañía está obligada a llevar a cabo un reequilibrio patrimonial que evite la quiebra técnica.

Teniendo en cuenta que al cierre del primer trimestre del año, la sociedad matriz presentaba una patrimonio neto negativo de 174,9 millones de euros, esto significa en la práctica que necesita de forma urgente un préstamo participativo al menos por esa cantidad.

El magnate ruso Mikjail Fridman, que se hizo el pasado viernes con el 69,76% de la cadena tras el lanzamiento de una opa a 0,67 euros por acción, está dispuesto a aportar ese dinero con cargo a una ampliación de capital posterior por importe de 500 millones. Pero para ello ha exigido antes un acuerdo con la totalidad de los bancos acreedores y aunque, de momento, tiene un acuerdo con 16 de los 17 de ellos, le falta el Santander.

El banco que preside Ana Botín está dispuesto a llegar a un pacto y permitir un aplazamiento del pago de la deuda, pero para ello exige también que haya una quita a los bonistas. En el Santander no entienden que se les pida a los bancos suspender la devolución de los créditos pendientes hasta el año 2023 y, en cambio, se vayan a abonar a los titualres de los bonos 300 millones de euros el próximo mes de julio con cargo a la ampliación.

Una situación límite

El problema de fondo radica, además, en que los sucesivos aplazamientos por parte de LetterOne en la opa lanzada sobre Dia han arrastrado a la compañía a una situación límite, forzando a la banca a negociar un acuerdo in extremis para evitar que la cadena de supermercados caiga en concurso de acreedores.

Y todo ello con la deuda fuera de control y la situación de Dia agravándose a cada momento que pasa. La empresa asegura que su deuda financiera neta al cierre del primer trimestre, el pasado 31 de marzo, se elevaba a 2.377 millones de euros, lo que supone casi un 65%más que al cierre del último ejercicio el 31 de diciembre. Esto es debido, fundamentalmente, al cambio de la normativa contable que obliga a contabilizar los gastos de los alquileres y leasing de flotas. El impacto tras esta modificación es de 675,5 millones, por lo que sin ella la deuda sería de 1.702 millones.

Y aún así, tal y como recordó . Duff & Phelps, la firma contratada por LetterOne para valorar la compañía, si se contabiliza además la deuda fuera de balance, ese importe sería en realidad de 1.991 millones. Y es que hay que tener en cuenta los 199 millones de euros en líneas de confirming para financiación a proveedores.