El juez rechaza el recurso del Santander y mantiene imputado al banco en el 'caso Popular'

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga la caída del Popular por la vía penal, ha rechazo el recurso que interpuso el Banco Santander contra la decisión de heredar la imputación (ahora investigación) que pesaba sobre el sexto banco del país, por lo que la entidad asumirá cualquier responsabilidad penal. El Juzgado Central comunicó el pasado enero la imputación del grupo cántabro, tras haber desaparecido la figura jurídica del Popular con la fusión por absorción por parte del Santander.

El juez Calama asegura en su auto que, si bien, la ley enumera como causa de extinción de la responsabilidad criminal la muerte del reo, en el caso de las personas jurídicas se adopta un criterio distinto. "La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión", señala en su escrito.

Por tanto, indica que, en el caso de las sociedades mercantiles, la pérdida de su personalidad jurídica "no conlleva la extinción de su responsabilidad criminal" puesto que se traslada a la entidad absorbente.

El Banco Santander alegó en su recurso que la resolución del Popular se equipara a su disolución material, con la consiguiente extinción de su eventual responsabilidad penal. Sin embargo, Calama no comparte en absoluto dicha interpretación, que considera "incompatible con el mandato legal". Asimismo, el recurso de la entidad cántabra apuntaba a que los principios de culpabilidad y personalidad de las penas impiden transferir la hipotética responsabilidad penal del Popular al Santander, hecho que, a juicio del instructor pretende "una especie de pronunciamiento exculpatorio a limine litis, sin esperar la necesaria instrucción penal".

Investiga a Ron y Saracho

Así, el Santander continuará como imputado en la Audiencia Nacional. La causa se inició en octubre de 2017, cuatro meses después de la resolución del banco, e investiga las posibles responsabilidades penales de los antiguos gestores de la entidad. Así, la investigación se divide en dos piezas, la primera relativa a la época de la presidencia de Ángel Ron, en que se mantiene imputado a Ron y a todo su consejo de adminstración por presunta falsedad de cuentas. La segunda, se centra en la etapa de Emilio Saracho al frente de la entidad, en la que también se mantiene imputado al expresidente y los miembros de su órgano rector, por los presuntos delitos de manipulación del mercado y fraude a los inversores.