Empresas y finanzas

Cláusulas suelo: la banca resarcirá a los hipotecados en metálico o con rebajas de la deuda


    Eva Contreras

    En efectivo o con una reducción de la deuda. Así es como resarcirán al cliente hipotecado las entidades financieras que se allanen a su reclamación sobre las cláusulas suelo de los préstamos o pacten una solución intermedia a través del mecanismo extrajudicial que analizará el Gobierno.

    El Gobierno hace así suya la fórmula que, en la práctica, vienen utilizando algunos bancos y cajas en sus negociaciones bilaterales con clientes que no pudieron beneficiarse del hundimiento del euríbor por tener topado el tipo de interés.

    Se trata de una actuación que se disparó cuando el Tribunal Supremo anuló, por considerarlas abusivas, las cláusulas suelo de BBVA, Novagalicia (hoy Abanca) y Cajamar en 2013, y la avalancha posterior de fallos desfavorables en otras instancias judiciales inclinó al sector a tomar cartas en el asunto para evitarse costes procesales y el preocupante daño reputacional. Otras entidades han preferido, sin embargo, recurrir al cambio del préstamo por una hipoteca fija, supuesto que no estará contemplado en las nuevas reglas, según detallaron ayer fuentes conocedoras del proyecto.

    Escasas semanas de plazo

    Sea cual sea la fórmula elegida por el cliente, la entidad deberá satisfacerla en días o semanas, de acuerdo al proceso que instaurará el Código de Buenas Prácticas.

    El mecanismo llega al Consejo de Ministros apenas una semana después de que el Ejecutivo se apresurase a anunciar las nuevas reglas para que las entidades resuelvan "con celeridad" la devolución de lo indebidamente cobrado. Una respuesta además a la fuerte presión ejercida por PSOE, ERC, Ciudadanos, asociaciones de consumidores e incluso, el Consejo General de la Abogacía desde el mismo instante que el Tribunal de Luxemburgo resolvió que si una cláusula se declara ilegal no vale devolver el dinero sólo desde 2013, sino que hay que reintegrar lo cobrado de más desde la firma del préstamo.

    La intención es que el Código de Buenas Prácticas sea de voluntaria adhesión, pero obligue a las entidades que lo suscriban. Para aplicarlo se les exigirá crear unas unidades especiales volcadas en tramitar exclusivamente reclamaciones sobre topes hipotecarios, distintas al departamento de Atención al Cliente, y que podrían empotrarse en algunas sucursales.

    En garantía de su ejecución efectiva, y como ocurrió con el Código gemelo para paliar los daños de los desahucios, se constituirá una Comisión de Seguimiento con representantes de los ministerios de Justicia y Economía y previsiblemente del Banco de España.

    Negociaciones políticas

    La idea inicial contempla su regulación por Decreto Ley, pero la formulación definitiva se encontraba abierta con diferentes aristas por las conversaciones entabladas por el Ejecutivo con otros partidos. Y pese a que el Ministerio de Economía citó a los cinco grandes bancos esta semana para exponer las guías principales y escuchar sugerencias, algunas entidades reconocían dudas susceptibles de decidir su seguimiento.

    En el frente político, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, declaró ayer su confianza en que los partidos sean capaces de establecer "entre todos" un mecanismo que facilite a los afectados la recuperación de su dinero pronto "y sin coste". Ayer la formación naranja llegaba a un acuerdo de última hora con el Ejecutivo, pero no así con el PSOE. El partido socialista sin embargo considera "inaceptable" querer dar solución a los hipotecados con un mecanismo cuya adhesión es voluntaria para los bancos y estudia presentar su propia ley para las cláusulas suelo si el Gobierno no "obliga" a los bancos a someterse al mecanismo.

    Según el portavoz de Economía socialista, Pedro Saura, supone un "desequilibrio" hacia los bancos, porque ya hay un sentencia que "deja las cosas claras en favor de los consumidores". En contrapartida, la formación socialista exigió regular el nuevo mecanismo a través de Proyecto de Ley, para así poder insertar modificaciones durante el proceso parlamentario.

    Su pulso, en la práctica, bloqueaba la rápida aprobación. De elegir esa figura, el Gobierno precisa el apoyo socialista para sacar las nuevas reglas adelante en el Congreso.

    Hay otras opciones, pero el Ejecutivo sopesaba aún anoche llevar un informe al Consejo de Ministros y ganar así tiempo en un intento de atraer el apoyo del PSOE,  según indicaron fuentes políticas.

    Lo que preocupa a la banca

    En la banda bancaria, la precaución es la máxima por un punto clave para la industria: qué condiciones y compromisos específicos asumirán si se adhieren al Código.

    Al sector le preocupa, específicamente, que su firma implique asumir de facto que negociará sí o sí, porque sería el equivalente a reconocer la nulidad de todos sus contratos e iría, incluso, en contra de la doctrina jurídica. El Tribunal Supremo ha reconocido que las cláusulas suelo son condiciones contractuales legales si se comercializaron con la transparencia exigible.

    Para facilitar la adhesión espera que se admita la posibilidad de repudiar el proceso y que se pueda dirimir en un juzgado. Según el Banco de España, el sector se juega 4.000 millones de euros con la devolución del dinero por cláusulas suelo.