La tasa a las grandes superficies se lleva hasta el 40% de sus beneficios

El cuestionado impuesto autonómico a las grandes superficies comerciales, que grava a las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados, se lleva entre el 30 y el 40% del beneficio de los establecimientos que lo soportan, según cálculos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

Hoy, esta patronal -que agrupa a 18 grandes empresas, como El Corte Inglés, Leroy Merlin, Ikea, Alcampo o Carrefour- aplaude que el Tribunal Supremo lo haya puesto en duda al plantear esta misma semana una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Supremo se cuestiona, en concreto, dos planteamientos que Anged ha venido reivindicando desde hace tiempo: la compatibilidad de este impuesto con el derecho a la libertad de establecimiento, por un lado, y con la regulación europea en materia de ayudas de Estado, por otro. Es decir, está en duda la vulnerabilidad de la libre competencia y la implicación de cierto respaldo estatal hacia otro tipo de formatos comerciales, como pueden ser los supermercados menores o las tiendas tradicionales.

Afectados

Sólo en Cataluña, este impuesto afecta a un total de 100 establecimientos, según cifra también la patronal. Desde la Generalitat explican, no obstante, que esperarán a la resolución de la Unión Europea y que, hasta entonces, no se plantean ninguna alternativa. De cualquier manera, recuerdan que en el año 2012 el Tribunal Constitucional declaró ya su legalidad.

El año pasado, este impuesto generó unos ingresos a Cataluña de 21,2 millones de euros, una cifra inferior a la de 2014, cuando la recaudación fue de 30,3 millones. La caída, según explican desde la consejería de Economía, se debe a que en aquel año se registraron ingresos atípicos porque se cobraron los importes que las empresas no habían hecho efectivos por haber recurrido el impuesto. Con todo, la tasa sobre grandes superficies representó menos de un 1% de los ingresos propios autonómicos que recaudó la Generalitat el año pasado, que alcanzaron los 2.657,4 millones.

Por su parte, el varapalo que podría dar el dictamen del Tribunal de Luxemburgo al impuesto aragonés y al asturiano pondría en jaque, en ambos casos, unos 8 millones de euros que recaudaron por la vía de esta tasa el pasado ejercicio 2015. Además, está por ver si el veredicto europeo a la cuestión prejudicial planteada por el Supremo el pasado miércoles podría llevar consigo la devolución, con carácter retroactivo, de la totalidad del importe gravado a las grandes superficies por parte de las administraciones de Cataluña, Asturias y Aragón.

El Supremo cree que el tributo podría vulnerar hasta cinco artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE, fundamentalmente porque su recaudación sirve para ayudar a otras empresas. Así, en Cataluña se estableció que el 40% de la recaudación debería ir destinada al desarrollo de los mercados municipales y del urbanismo comercial; un 30% a planes de dinamización comercial; y un mínimo del 10% a proyectos de actuación medioambiental en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.

El Tribunal Supremo concluye en su auto que "puede dudarse cuando menos que no esté favoreciendo a determinadas empresas o productos en relación con otras, las que teniendo una ubicación física equiparable en la trama urbana no disfrutan de exoneraciones". Y eso sin olvidar tampoco que la forma de distribuir la recaudación pueda constituir una ayuda de Estado, tal y como han concluido ya tanto la dirección general de la Competencia europea como la de Fiscalidad y Unión Aduanera.

En Cataluña y Asturias, el impuesto grava a las grandes superficies comerciales con 17 euros por metro cuadrado mientras que en Aragón la cifra es algo inferior, de 14,7 euros. Este año el impuesto ha sido retirado ya de La Rioja y Navarra, que establecían una tasa de 17 y 12 euros respectivamente.