Empresas y finanzas

Luis de Guindos obligará a rotar a las auditoras a partir de 2016

  • El Gobierno aprobó la ley sin incluir enmiendas de la oposición

Araceli Muñoz

Se avecina tormenta en el negocio de las firmas de servicios profesionales. Más de un año después de que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunciara una reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas por mandato europeo, la nueva norma fue el jueves aprobada en el Senado con los votos en contra de la oposición. De esta forma, la rotación de auditores se convierte ya en una realidad y el baile de firmas de auditoría proseguirá en los próximos meses.

Con la reforma de la ley, las denominadas Entidades de Interés Público (EIP) estarán obligadas a cambiar de auditor cada diez años, a no ser que convoquen un concurso público para que entre un segundo verificador de cuentas y puedan prorrogar el contrato con el primero durante cuatro años más. De esta forma, 20 de las cotizadas en el Ibex tendrán que cambiar de auditor en el corto-medio plazo.

Baile de firmas

Sin ir más lejos, 15 de las firmas que cotizan en el principal índice bursátil español -las que llevan más de 20 años con el mismo auditor- deberán cambiar de firma en 2020, como es el caso de Acciona, ACS, Caixabank... En este caso, cabe destacar que el Banco Santander ha hecho los deberes antes de tiempo y ha dejado a Deloitte de lado (con el que llevaba más de 25 años) para contratar a PwC para los próximos ejercicios. En el caso de las que lleven entre 10 y 20 años (FCC, Amadeus, Acerinox y Sacyr), tendrán hasta 2023 para cambiar.

No obstante, quedan 16 compañías que llevan menos de diez años que tendrán que adelantar el cambio con la entrada en vigor de la norma (junio de 2016) a menos que en Bruselas aclaren este punto.

Descontento generalizado

No obstante, y pese a que los objetivos de la norma pasaban por incrementar la transparencia, reducir la concentración del mercado y evitar los escándalos financieros de los últimos años -desde Bankia a Gowex, pasando por Pescanova-, tanto el sector como la oposición demostró el jueves su descontento con una de las normas menos consensuadas de la legislatura. "¿No hay ninguna enmienda que pueda ser buena? Es incomprensible que en una ley de este calado no haya acuerdos", denunció el portavoz de CiU en el Senado, Ramón Alturo.

Esta falta de consenso llama mucho la atención si se tiene en cuenta que la reforma anterior a ésta fue aprobada con unanimidad y contó con el apoyo de la totalidad del sector. En este caso, una de las patronales, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), expuso el jueves su "total disconformidad" con la norma aprobada en el Senado ya que "no ha tenido en cuenta ninguna de las innumerables enmiendas presentadas" -los grupos parlamentarios presentaron 137 en el Senado de las que el PP no ha admitido ninguna-. En su opinión, "es de muy difícil comprensión, aleja a España de la Unión Europea y generará un importante sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría respecto a los países europeos".

También se hizo mención el jueves a la reforma en el Forúm del Auditor que está teniendo lugar en Sitges estos días. El presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC), Daniel Faura, lamentó la rapidez de la tramitación "sin contar con el consenso necesario de la profesión".

Por otro lado, el socio responsable de Auditoría en KPMG, Borja Guinea, señaló a elEconomista que "se incorporan novedades que suponen un impulso de la calidad de la información financiera que se transmite al mercado, como el refuerzo de las funciones de las comisiones de auditoría y la ampliación del contenido de los informes de auditoría. A pesar de ello, la reforma no logra dar respuesta a las mayores expectativas de los grupos de interés, que demandan ampliar el campo de actuación del auditor para que pueda proporcionar un mayor grado de seguridad".

Este descontento también ha llegado a las firmas de tamaño mediano, como es el caso de Bové Montero y Asociados. Su presidente, José María Bové, explicó que la cesión del Gobierno de reducir el número de EIP y ampliar a cuatro años con coauditoría "implicarán seguramente que las cosas sigan igual a nivel de grandes jugadores, haciendo válido el tópico de reformar para que nada cambie".