La CNMC abre expediente sancionador a Albia y Funespaña por comprar funerarias sin notificarlo antes
Eva Contreras, Lucía Gómez
La Comisión Nacional de lo Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado varios expedientes sancionadores a Albia y Funespaña, filiales de Santalucía y Mapfre, respectivamente, por efectuar varias compras sin notificarlas previamente como exige la normativa.
El organismo presidido por Caní Fernández incoó, en concreto, dos expedientes contra Albia los pasados 18 de marzo y el 7 de abril por no informarle previamente de la compra de Funeraria Tanatorio La Paz y Tanatorio de Marín, en diciembre y septiembre de 2019 respectivamente.
Una situación similar encara con Funespaña, por la toma de control en diciembre de 2018 de Funeraria San Vicente, y que ha motivado la apertura de otro expediente el pasado día 25 de marzo.
La Ley de Defensa de la Competencia establece que las empresas que superen determinados umbrales, como serían estos casos, deben notificar las operaciones a la CNMC antes de ejecutar la transacción. Lo contrario constituye un incumplimiento del artículo 9 de la Ley de Defensa de la Competencia.
A pesar de no actuar conforme a la normativa la CNMC aprobó las tres operaciones en primera fase tras su análisis. Su plácet tuvo lugar, sin embargo, después de requerir el pasado diciembre a las compañías que explicasen las operaciones, tras estimar que "superaban el umbral de cuota de mercado" que, según la ley, exige su notificación previa.
El organismo subraya que se trata además del tercer expediente sancionador iniciado contra Albia y el segundo contra Funespaña desde febrero de 2021. Su incoación no prejuzga el resultado final de la investigación y ahora se abre un período máximo de 3 meses para la instrucción de los expedientes y su resolución por la CNMC.
Ambas compañías tuvieron, precisamente, un proyecto de fusión que fracasó en las puertas de la CNMC en octubre del pasado año. Mapfre y Santalucía desistieron de un proyecto que habían estado negociando desde 2018, ante las altas exigencias impuestas por el organismo.
Entre otras, obligaba a Mapfre a renunciar al 25% del control de la compañía funeraria resultante y salir de su capital, además de no poder realizar nombramientos en dicha firma y suprimir la cláusula del contrato entre socios por la que se compromete a contratar los servicios de la entidad resultante.
Su plan suponía crear una compañía común que lideraría el sector de los servicios funerarios en España con una facturación superior a los 200 millones de euros.
Cuando abordaron la integración, Funespaña (propiedad de Mapfre) y Albia (de Santa Lucía) eran la segunda y tercera mayores empresas de un sector altamente atomizado donde los grandes grupos apenas concentraban un 34% de los servicios con márgenes de entre el 14 y el 22%, según un informe de la consultora Deloitte.