Quitar las primas renovables de la tarifa eléctrica sube la riqueza y baja el paro

Retirar los 7.000 millones anuales de ayudas a las renovables históricas de la tarifa eléctrica y repartirlos entre todos los sectores energéticos tendrá efectos macroeconómicos positivos, como aumentar el PIB un 0,05% -más de 600 millones de euros- o reducir la tasa de paro un 0,51%, entre otras externalidades, tal que evitar 132 millones de costes sanitarios o reducir las emisiones de carbono un 3,1%.

Así lo apunta un informe del Basque Centre for Climate Change (BC3) -la entidad que calculó los impactos económicos del Plan de Energía y Clima del país a 2030- titulado Impacto económico, social y ambiental de mecanismos alternativos de financiación de las energías renovables en el sector eléctrico en España. Se presentó durante el pasado mes de febrero y contó con la financiación y la colaboración de Iberdrola.

El documento analiza tres opciones para retirar las primas a las renovables de la tarifa eléctrica, una vieja aspiración de las empresas del sector que el Gobierno está materializando con un Anteproyecto de ley anunciado la semana pasada y actualmente en fase de información pública.

La compañía eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán y BC3 diseñaron los escenarios alternativos para retirar los 7.000 millones y el think tank vasco realizó el posterior análisis técnico con sus modelos macroeconómicos de evaluación de políticas públicas.

La primera de las tres opciones analizadas es el traspaso de las primas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la segunda es el reparto entre el consumo final de energía, atendiendo a la proporción de petróleo, gas, carbón y electricidad, que es la elegida por el Gobierno; y la tercera es financiarlas con un impuesto sobre el CO2, tal y como hace la nueva Ley de renovables alemana, que entrará en vigor el 1 de enero.

Los impactos macroeconómicos son pequeños en todos los escenarios -el PIB sube entre un 0,05% y un 0,17%, el paro baja del 0,018% al 0,57%, y las emisiones de CO2 del 1,3% al 14,8%-, pero positivos en todos los casos. Se aprecian más si el coste de las primas lo asume los PGE, porque se financia con el conjunto de los impuestos y se produce una mayor redistribución de la renta.

El escenario escogido por el Ejecutivo, el reparto en el consumo final de energía entre las distintas fuentes, la bajada del precio de la luz -el Gobierno la calcula en un 13% para el consumidor doméstico- favorece la producción eléctrica, a la vez que el encarecimiento de los combustibles fósiles -las petroleras han calculado siete céntimos de euro por litro de carburante- contrae su demanda.

El impacto ambiental varía notablemente de un escenario a otro. En el de los PGE suben las emisiones de CO2 un 1,3%, porque no hay señal para la reducción de los combustibles fósiles, mientras que en el del reparto bajan un 3,1% y en el caso del recargo sobre las emisiones de CO2 éstas disminuyen un 14,8%; no en vano, BC3 considera que esta tercera es la mejor opción. 

Mejor para los más pobres

El informe llama la atención sobre el efecto sobre la población más pobre y vulnerable, que destina una mayor proporción de su renta a cubrir sus necesidades energéticas: en el escenario del reparto por fuentes, el 20% más pobre mejora su capacidad de consumo un 0,39%, mientras que el 20% más rico lo hace en un 0,01%.

Además hay otros impactos positivos, como la minoración de los costes sanitarios, por las menores emisiones de gases contaminantes (NOx, SO2 y partículas), que se evalúan en 132 millones en la opción del reparto y llegan a los 277 millones en la elegida por Alemania.