El Estado pagará en efectivo a la banca los impagos en los créditos ICO

La banca empieza a hacer números sobre el efecto que tendrá en sus cuentas la esperada subida de la morosidad el próximo año y trabaja ya con el Gobierno para flexibilizar las condiciones de las líneas de avales ICO, una medida que ha sido vital para preservar el tejido industrial de nuestro país tras el estallido de la pandemia. Lo que no está en discusión es que el Estado vaya a tener que pagar en metálico a las entidades por los avales que se ejecuten en los préstamos con garantía pública puesta en marcha en abril, cuyas coberturas se sitúan entre el 60 y el 80% de los importes concedidos.

De esta manera se ha descartado la posibilidad de que el Gobierno abone dichas cantidades en especie, es decir, mediante bonos. Este recurso se utilizó en la pasada crisis financiera en la creación del banco malo o Sareb para el traspaso de la financiación inmobiliaria y los activos adjudicados de las entidades que tuvieron que ser rescatadas. En el mercado se estaba especulando sobre esta fórmula, ya que aliviaría el nivel presupuestario del Ejecutivo en recesión crisis económica.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, aseguró el miércoles a los analistas en la presentación de resultados del tercer trimestre "la vocación es una compensación en efectivo en cash". Un dinero que podría empezar a recibirse a partir del próximo ejercicio y hasta finales de 2025, cuando venza toda la cartera.

Hasta la fecha, las entidades han movilizado 105.000 millones de liquidez avalada por el Estado, la mayor parte a pymes y autónomos, según datos del Ministerio de Economía, con lo que las garantías ascienden a unos 70.000 millones de euros.

2.100 millones

En el sector consideran que aún es pronto para calcular qué porcentaje terminará en insolvencia, pero dan por seguro que desde abril repuntará por las dificultades que atravesarán las compañías para empezar a abonar las cuotas, una vez finalice el periodo de carencia de doce meses otorgado en la práctica totalidad de las operaciones. Algunos expertos ya han realizado unas primeras estimaciones sobre la morosidad de las líneas ICO. Así, por ejemplo, la consultora Álvarez & Marsal prevé una tasa de impagos del entorno al 3% en el peor escenario. En un informe reciente señalaba que las pérdidas para las arcas públicas podrían alcanzar los 2.160 millones de euros. Un importe que percibirán los bancos para tapar el agujero de los préstamos garantizados.

En la actualidad, el Gobierno está analizando las vías para mejorar las condiciones de las líneas ICO y evitar un colapso en 2021. El plan, que tiene que ser negociado con Bruselas al tratarse de ayudas de Estado, consistiría en ampliar la carencia de pagos otros doce meses, alargar el plazo de amortización desde 5 a 6 y 8 años y dotar al ICO de un instrumento para poder llevar reestructraciones de deuda con canjes por acciones y quitas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha indicado este jueves que espera un acuerdo sobre estas flexibilizaciones próximamente.