BBVA y el contrato número 10, ¿qué teme el banco?

Los responsables de elaborar el forensic sobre los contratos entre BBVA y Villarejo admiten que recibieron órdenes del banco, a veces a través de la defensa ejercida por Garrigues, para no entregar toda la información al juez, entre ella, 223 correos electrónicos y varios anexos. Pero van allá, reconocen que la entidad declinó que se investigara a Carlos Torres, actual presidente, para la elaboración del informe. Lo que no significa que se borrara el nombre de Torres del forensic, sino que no se hiciera una búsqueda a través de las palabras clave de su nombre entre la documentación aportada.

En resumen, hay una alargada grieta en el forensic que incrementa aún más las dudas sobre qué se esconde detrás de uno de los contratos más relevantes para la entidad en el caso: el número 10. ¿Pudo Torres desconocer durante su labor como consejero delegado del banco que se firmó un contrato con Villarejo por 1,14 millones de euros?

¿Dónde están los documentos?

El contrato número 10 se oficializó el 1 de junio de 2016, un año y un mes después de que Torres fuera nombrado consejero delegado del grupo financiero. El objetivo de esta contratación eran trabajos de seguridad para el banco por parte de las empresas del exinspector. Así, desde el 1 de julio de 2016 hasta el 12 de diciembre de 2017 (con el expolicía ya en la cárcel), el banco pagó 19 facturas por 60.500 euros cada una.

Con dos pesos pesados ya imputados (el expresidente Francisco González y el exconsejero delegado, Ángel Cano) las miradas en la investigación se vuelven hacia Torres. Pero, hasta el momento, no hay documentos explícitos que señalen al actual presidente de la entidad. Las dudas son notorias: ¿No existen o se han ocultado? Por ello, el magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la trama, Manuel García Castellón, ha exigido a PwC la entrega de los 223 correos electrónicos eliminados del forensic y de cualquier otra documentación de la que se sirvieron para realizar el informe.

Los testimonios de los directivos y exdirectivos imputados, que salieron a la luz a inicios de este año (aunque no al completo sino fragmentados) tras levantarse el secreto de sumario, no apuntaron a Torres. Aunque, entre los documentos que PwC y el banco han entregado a la causa, hubo un correo en el que la investigación judicial cuestiona si hay una referencia implícita a Torres. Se trata de un email en el que el anterior jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, pidió al socio de Villarejo, Rafael Redondo, un informe sobre la seguridad del entonces consejero delegado que estaba de viaje, según intuye la investigación. Sin embargo, el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, negó ante el juez que dicha referencia, que se puso con lo que parecían las iniciales del cargo, estuviera relacionada con Carlos Torres. La Fiscalía Anticorrupción nunca ha negado que el actual presidente estuviera fuera del alcance de la investigación, todo lo contrario, lleva meses asegurando que en este caso se investiga a todo el mundo.

Un indicio de la relación de Torres con la trama sería la traca final del golpe reputacional que el caso ha asestado a la entidad y que podría concluir con su salida del banco. Sin embargo, si según como lleva meses apuntando BBVA ningún miembro de la cúpula está implicado en el caso, el contrato número 10 demostraría que el actual presidente, entonces consejero delegado, no ejerció bien su labor de control y vigilancia en la entidad. Aquí entraría en juego también el papel del Banco Central Europeo (BCE), que tiene entre sus misiones principales supervisar la gobernanza de las entidades que vigila.

El organismo ya se ha puesto manos a la obra. Para ello, pidió este otoño a BBVA primero y, tras la negativa de éste, a la Audiencia Nacional después, que se le hiciera entrega del informe forensic, con el objetivo de evaluar los requisitos de idoneidad de los responsables de la gestión del banco y de los mecanismos de control. La entidad, tras levantarse el secreto sumarial el 3 de febrero, entregó el informe al supervisor. Un documento que ahora PwC pone de manifiesto que está incompleto y fue sesgado por parte del banco, ya que BBVA solo le dio el 9% de toda la documentación que tenía sobre la contratación del excomisario, es decir, unos 200.000 documentos de entre más de un millón.