El Gobierno imprime transparencia en el sistema de recogida de residuos

El Gobierno aumenta la transparencia del tratamiento de residuos, un sector con unos 100.000 empleos y unos 3.500 millones de facturación anual tan opaco que las últimas estadísticas oficiales son de 2017 y tienen importantes carencias, lo que impide abordar su gestión correctamente. Así, va a crear un Registro central para coordinarse con las comunidades autónomas y a imponer más transparencia a los gestores, que tendrán que someterse a auditorías externas y remitir información anualmente a las autoridades.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) presentó la semana pasada el Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, una propuesta normativa que incluye un nuevo impuesto ambiental sobre los plásticos de un solo uso con el que aspira a recaudar unos 724 millones anuales y otras medidas, como obligar a los bares a servir agua del grifo en el caso de que se les solicite. 

El texto traspone dos directivas europeas, la 2018/851 –la Directiva Marco de Residuos– y la 2019/904, relativa a los plásticos de un solo uso, a la vez que actualiza la actual norma de referencia, la Ley 22/2011. Y aquí la Cartera dirigida por Teresa Ribera aborda una de los mayores problemas del sector: la falta de transparencia y de información, que impiden diseñar políticas efectivas para reducir el volumen de residuos, aumentar el reciclado y reintegrar los recursos en el tejido productivo, de acuerdo con el concepto de la Economía Circular.

Nuevo registro central

Parte de esa mayor transparencia se quiere conseguir creando un Registro de producción y gestión de residuos en el Ministerio dirigido por Teresa Ribera, a modo de herramienta de coordinación con las comunidades autónomas –sus propios registros tienen sistemas incompatibles, sin uniformidad en los datos consignados–, que también incluirá información de los productores y gestores de residuos, que ahora no están obligados a informar sobre sus actividades.

Con el Registro se aspira a disponer de una auténtica trazabilidad en los flujos de residuos –se acaba de aprobar un decreto específico sobre su traslado– y a armonizar un mercado nacional en el que las diferencias regionales son muy acusadas, sobre todo por los diferentes impuestos y cánones aplicados por las comunidades autónomas.

La mayor transparencia tiene una gran incidencia en los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Los RAP son entidades sin ánimo de lucro que permiten a los fabricantes asumir de forma indirecta y colectiva el coste y la gestión de los residuos de sus productos. Se usan para determinados flujos de residuos, como los neumáticos usados, a cargo de Signus, y facturan más de 750 millones al año; el más relevante es Ecoembes, dedicado a los envases, que representa el 70% de esa cantidad.

Información sensible y suspicacias

Los RAP manejan información sensible, como las cuotas de mercado de sus socios, y la lógica confidencialidad que mantienen sobre los residuos que gestionan despierta dudas sobre la veracidad de los datos que facilitan, que en muchos casos son los únicos disponibles.

Además, al ser entidades privadas, tienen sus propias reglas de funcionamiento, y pueden provocar situaciones de control de mercado o de discriminación entre sus miembros. Ecovidrio, por ejemplo, fue expedientada por las autoridades de Competencia por no aplicar criterios objetivos y transparentes al seleccionar los servicios de recogida y tratamiento, y al asignar el vidrio triturado a las firmas vidrieras.

Los RAP, no obstante, han demostrado que funcionan y Bruselas quiere potenciarlos –se van a impulsar para los residuos textiles y plásticos–, pero también quiere controlarlos mejor, al objeto de prevenir las situaciones contratarais a la competencia. Por consiguiente, la Directiva Marco de Residuos ha establecido obligaciones de transparencia que se van a incluir en la futura Ley: tendrán que someterse a auditorías externas, informar a las autoridades de los productos que comercialicen, usar criterios objetivos para tomar decisiones, modular las cuotas de sus miembros en función de la dificultad de tratar sus residuos...

El alcance de estas obligaciones se articulará en reales decretos posteriores. El Miteco tiene preparados ya uno sobre vertederos, otro sobre neumáticos fuera de uso y posteriormente llegará el más complejo, para los envases, sobre el que ha lanzado recientemente una consulta pública.

A medio plazo, cuando todo el sistema esté armado, el Miteco lanzará un Observatorio público con los datos relevantes de cada flujo de residuos para analizar tendencias. La idea ya está recogida en la nueva Estrategia de Economía Circular.

Contra abusos y 'aznalcóllars' receta más responsabilidad

Otra de las novedades de la futura norma es la ampliación de la responsabilidad de los productores de residuos -como un aceite industrial-, con la intención de evitar la competencia desleal y, en última instancia, delitos y accidentes como el de la mina de Aznalcóllar, según apunta Ecologistas en Acción. Ahora la responsabilidad de los productores sobre sus residuos concluye cuando los transfieren a un gestor autorizado para que les apliquen el tratamiento final.

En consecuencia, como lleva años denunciando Asegre, la asociación de las empresas que tratan los residuos peligrosos, los productores sólo miran el precio que les aplica el gestor, lo que propicia la existencia de 'piratas' que hunden el mercado porque incumplen la normativa, como se descubrió en Chiloeches (Madrid), donde en 2016 se encontraron 20.000 toneladas de tóxicos camuflados en una escombrera. Cuando se apruebe la Ley, como la responsabilidad del fabricante no desaparece, éste se preocupará de que sus residuos reciban un correcto tratamiento.