Sobrecostes y pérdidas: los frutos de la gestión pública en las empresas

Las nacionalizaciones están en el centro del plan de Pablo Iglesias para reconstruir la economía española tras la pandemia del coronavirus. El cierre de la fábrica de Alcoa en Galicia y de las plantas de Nissan en Cataluña han llevado a BNG y ERC a pedir su nacionalización, algo que el vicepresidente asegura que es "perfectamente posible", aunque se haya mostrado reacio a "socializar pérdidas".

Lo que no menciona el líder de Unidas Podemos cada vez que invoca el artículo 128 de la Constitución para defender el derecho del Estado a tomar el control del tejido industrial, como en Venezuela, es que la gestión pública de las empresas ha estado muy lejos de ser beneficiosa, rentable o sostenible en el tiempo. O, como en el caso de las cajas, que esconde un manejo irresponsable.

El rescate de las cajas esconde la nula profesionalidad en la gestión por la politización de las cúpulas

Así, el rescate de las cajas de ahorro costó 76.410 millones al bolsillo del contribuyente, de los que aún no se han recuperado el 79%. Y el motivo de este rescate fue la nula profesionalidad en la gestión por la politización de las cúpulas elegidas a dedo por los gobierno municipales y autonómicos. Las numerosas causas judiciales han demostrado que sus direcciones miraban más por sumar bonus y no perder su silla que por el bien de la entidad, ahogadas por inversiones arriesgadas en la época del boom del ladrillo.

Con nombre y apellido, llegaron a gobernar algunas cajas Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno con el PP; Miguel Blesa, presunto amigo de José María Aznar, José Luis Olivas, presidente de la Comunidad Valenciana o Narcís Serra, ministro de Defensa con el PSOE. Las casi 40 cajas de ahorro que había acabaron integradas en los actuales doce bancos.

La gestión de las antiguas cajas hace cierta la expresión "de aquellos polvos, estos lodos", representada en Bankia. La entidad, suma de la fusión de siete cajas y que después integró BMN, nada a contracorriente para dejar atrás el impacto heredado de la anterior gestión. Desde la nacionalización de la entidad con el mayor rescate de la historia, 22.400 millones, el Estado entró en el capital del banco y en la actualidad controla el 61,8%. A partir de ahí, se nombró a José Ignacio Goirigolzarri presidente, banquero profesional procedente de BBVA, que, con una gestión independiente, encabeza el trabajo para superar la herencia que arrastra y levantar la entidad para que el Ejecutivo pueda salir del capital.

Otro ejemplo es Navantia, que desde su nacimiento en 2005 sólo ha ganado dinero un año (2007) y acumula unos números rojos de 1.479 millones hasta 2018. El resultado de explotación del astillero casi siempre ha sido negativo ya que los gastos son muy superiores a los ingresos, algo que no permite sobrevivir muchos años a una empresa si el accionistas, en este caso el Estado a través de SEPI, no inyecta fondos.

El desarrollo de los submarinos S-80 es un claro ejemplo de mala decisión empresarial

Un ejemplo de mala decisión empresarial fue la apuesta por los S-80, los primeros submarinos de diseño español. La intención era entregarlos a la Armada en 2012 pero ya hubo problemas desde el principio. En 2013, por ejemplo, se dieron cuenta de que los sumergibles pesaban 125 toneladas más de lo previsto, y que se corría el riesgo de que las naves no emergiesen, lo que obligó a aumentar su tamaño. Sin embargo, este agrandamiento resultó excesivo para los muelles de Cartagena: ya no cabían en las fosas de atraque de la base naval, lo que ha exigido dragarlas y adaptarlas. El resultado es que el presupuesto del proyecto se ha duplicado a los 3.906 millones y cada unidad costará el doble que los alemanes.

Otro ejemplo clásico de pésima gestión de recursos públicos es el acometido en el ámbito de la minería del carbón -donde la pública Hunosa trata de reconvertir sus instalaciones a renovables-, protagonizada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desearrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El Tribunal de Cuentas critica la gestión de los fondos para transformar la economía minera

El Tribunal de Cuentas ha publicado recientemente un demoledor informe sobre la gestión de los Planes de la Minería del carbón entre 2006 y 2017, período en que el Instituto repartió 1.768 millones teóricamente para subvencionar proyectos de infraestructuras (1.105 millones) y para fomentar proyectos empresariales generadores de empleo (681 millones).

De acuerdo con el documento, los repartos carecieron de los elementos esenciales para ser efectivos: ni se definieron objetivos, ni se establecieron indicadores para hacer seguimiento, ni se cuantificó su impacto. Hubo "excesiva ambigüedad", "excesiva discrecionalidad", "falta de rigor", "ausencia de acreditación de las actuaciones" y un largo etcétera de malas prácticas.

No es de extrañar que el Tribunal recalque que el Instituto arrastra "múltiples litigios" relacionados con la ejecución y liquidación de sus proyectos, y que su análisis "pone de manifiesto una gestión escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos". Entre otras cosas, recomienda que la entidad -y se entiende que su actual heredero- desarrolle sistemas de evaluación, aplique criterios para distribuir los recursos, prepare memorias y estudios que acrediten la viabilidad de sus proyectos, exija una buena justificación del empleo de las ayudas...

"Hubo excesiva ambigüedad, discrecionalidad, falta de rigor, ausencia de acreditación de las actuaciones"

El Tribunal de Cuentas también ha criticado la gestión de RTVE, a la que ha acusado de no tener un criterio transparente a la hora adjudicar contratos y de abusar de la producción externa. La cadena pública tiene un delicado equilibrio presupuestario mientras que las televisiones autonómicas, como TV3, son un claro ejemplo de empresas no rentables pese a las inyecciones de dinero público.

La construcción de las desaladoras y de algunos aeropuertos en España (Castellón, por ejemplo) también son un claro de ejemplo de la pésima gestión del dinero que muchas veces se hace desde la Administración Pública, ya que las inversiones no están basadas en criterios de rentabilidad y oportunidad.

Iberia y Aena son dos casos de empresas públicas que han alcanzado la rentabilidad tras ponerse en manos de gestores privados o privatizarse y sufrir fuertes procesos de transformación. En el caso de Aena, hasta que José Manuel Vargas tomó las riendas de las compañía con el reto de hacerla rentable y atractiva a ojos de los inversores para su salida a Bolsa, el déficit tarifario que cada año generaba el gestor aeroportuario corría a cargo del Estado. La compañía finalmente salió al mercado en 2015 pero la profesionalización de su gestión permitió que abandonara los número rojos en 2013, cuando ganó 730 millones tras subir tasas y recortar gastos.