Empresas y finanzas

El ICO analizará los créditos avalados de la banca a empresas antes de su concesión

  • Habrá una comprobación previa por importes superiores a los 50 millones
  • Podrá revisar las condiciones tras su aprobación en las operaciones de menor cuantía
  • El decreto establece los tramos del coste de las garantías
Recurso de dinero

Fernando Tadeo

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) velará en todo momento por la buena gestión de los créditos avalados por el Estado que concederá la banca a las empresas para mitigar los efectos económicos del corovirus. Según recoge el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, este organismo público tendrá que analizar los préstamos que las entidades vayan a otorgar los préstamos por un importe superior a los 50 millones antes de su aprobación.

"Se avalarán las operaciones estas operaciones una vez el ICO haya analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la entidad financiera", explica la normativa del Gobierno. Moncloa pretende con ello controlar de alguna manera que el sector no aproveche estas ayudas para hacer negocio y limitar lo máximo posible los niveles de deuda y déficit. De hecho, de los 100.000 millones de garantías anunciadas por el presidente Pedro Sánchez solo ha lanzado un primer tramo, de 20.000 millones.

La banca, por tanto, tendrá libertad para estudiar los riesgos de cada cliente con el objetivo de fijar los requisitos de la financiación, pero será el ICO el que determine si estos cumplen con los objetivos previstos del plan de liquidez. Además, en las operaciones por debajo de los 50 millones este organismo podrá hacer "comprobaciones posteriores sobre la condiciones".

Tal y como se anunció ayer, los préstamos para pymes y autónomos contarán con un aval equivalente al 80% del importe tanto para renovaciones como nuevos fondos, mientras que para las grandes compañías los umbrales de cobertura se sitúan en el 60% para renovaciones y del 70% para nuevos recursos.

El decreto no incluye ningún tipo de primera pérdida para el sector financiero, como en el modelo belga que quería imponer la ministra de Economía, Nadia Calviño, y como se había pactado inicialmente, lo que supone un cierto alivio para las entidades.

Coste de los avales

Lo que sí determina la normativa es el coste para las entidades, que podrían trasladar en parte a las empresas, de dichas garantías. Estas van del 0,2 al 1,2% de los importes de las operaciones. La banca, en principio, se ha comprometido con el Ejecutivo a que mantendrán los precios habituales de cada cliente para este tipo de préstamos, aunque algunas fuentes sostienen que podría haber una pequeña transferencia de la factura de la cobertura al tratarse de un coste fijo de producción.

El real decreto indica que este coste de la garantía será de un 0,2% para los créditos hasta un millón. Irá escalando por encima de dicho importe. Así, para pymes y autónomos será del 0,2% para avales con vencimiento de hasta un año; de un 0,3% para préstamos de entre uno y tres años; y del 0,8% para los de plazos de entre 3 y 5 años. Por su parte, para las operaciones con las grandes empresas por más de 1,5 millones el gasto por el será del 0,3% para vencimientos inferiores a los doce meses; del 0,6% para la financiación de entre uno y tres años; y del 1,2% para los que lleguen hasta los cinco ejercicios. En las renovaciones de líneas de circulante o de créditos, los costes de los avales van desde el 0,25% y el 1% en función de los vencimientos.

Las entidades financieras abonarán al ICO los importes derivados de esta reumeración del aval y el porcentaje, "en pari passu", de las recuperaciones equivalente al riesgo avalado que, en su caso, realicen de los importes impagados. Este organismo, con posterioridad a 2028, ingresará al Tesoro el volumen de dichas recuperaciones en el mes de enero de cada ejercicio.

Información trimestral

El Ministerio de Economía tendrá información trimestral del ICO de la utilización de las garantías puestas a disposición para que las pymes y las empresas puedan hacer frente en la actualidad al pago de los impuestos, las nóminas y los proveedores y no tengan que parar su actividad una vez se levante el estado de alarma. El Gobierno lanzará nuevos tramos una vez se hayan consumido los primeros 20.000 millones.