¿Por qué las hipotecas con IRPH ponen contra las cuerdas a los bancos?
- El sector defiende que el Banco de España supervisa la elaboración de este indicador
Fernando Tadeo, Eva Díaz
El mayor de los temores que tiene ahora la banca española es que el mercado presione sus bajas cotizaciones y la ciudadanía empeore su imagen por el informe no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se ha dado a conocer este martes y que abre la puerta a que la banca tenga que devolver hasta 45.000 millones por el IRPH, ya que ningún organismo le va a obligar a desvelar el golpe máximo al que se enfrenta en caso de un fallo desfavorable en los próximos meses.
El riesgo para el conjunto del sector es relevante, teniendo en cuenta que este indicador se viene comercializando desde hace 25 años y una ilegitimidad del mismo (ya sea por su concepción como por su abuso o falta de transparencia) por tanto tendría un efecto demoledor. Hasta el punto que muchas entidades verían comprometida su supervivencia.
Las entidades no han hecho provisiones y el regulador no ha exigido que desvelen el golpe ante un fallo desfavorable
Por ahora, las entidades -no todas- han venido informando del volumen de hipotecas con IRPH que tienen en la actualidad en balance, cuya suma asciende a unos 18.000 millones. La agencia DBRS calculaba ayer que el montante era de unos 23.000 millones. Pero ninguna ha publicado la posible devolución, en primer lugar por la dificultad que entraña un cálculo sobre las posibles indemnizaciones y, en segundo lugar, por la defensa en la validez de este indicador, que estaba supervisado por el Banco de España.
De hecho, este organismo no ha reclamado a las entidades ningún tipo de dotación por este riesgo, ya que la elaboración del IRPH ha estado bajo su control y sería reconocer errores en sus competencias. Tampoco la CNMV, que pedirá impactos una vez se conozca el fallo, no con una valoración de una de las partes en el proceso judicial.
En algunos bancos se dan por buenas algunas de las estimaciones realizadas por distintas casas de análisis sobre el potencial impacto máximo de las indemnizaciones, como la elaborada por Goldman Sachs, que eleva a 44.000 millones la cuantía. DBRS estima que las devoluciones podrían llegar a alcanzar 45.400 millones en el peor escenario, con una anulación de los intereses del contrato desde su firma, aunque señala que es poco probable que se produzca. Es decir, que el golpe podría ser dos veces el saldo actual de los préstamos. Con esta factura, distintas entidades se verían abocadas a ampliar capital, en un momento de inestabilidad total del mercado.
CaixaBank es la entidad que más exposición tiene a hipotecas IRPH en la actualidad. Cuenta con créditos de este tipo en su balance con un nominal de 6.700 millones. Banco Santander, por su parte, tiene 4.300 millones; BBVA, 3.100 millones; Bankia, 1.600 millones; Sabadell, algo más de 800 millones; y Liberbank, 209 millones. Kutxabank desveló ayer la cartera de préstamos referenciados a este indicador en su informe de cuentas semestrales, cuyo montante asciende a 727 millones. Se estima que hay más de un millón de clientes con estas hipotecas.
Fuentes bancarias sostiene que en el caso del IRPH no se puede poner en cuestión su transparencia ni hablar de abusividad, ya que ha sido fijado conforme a las disposiciones legales y al ser un tipo de interés oficial "no forma parte de las condiciones contractuales del contrato". Asimismo, sostienen las mismas fuentes que no es cierto lo que se asegura desde algunos despachos de abogados sobre una excesiva mayor carestía de esta tasa que la referenciada a euribor. Señalan que como mucho el precio de las hipotecas ha sido superior en unos 25 puntos básicos sobre los préstamos con euribor y que en estas últimas no solo hay que tener en cuenta que en los últimos años este índice se ha desplomado al terreno negativo, sino que tiene unos diferenciales mínimos que hay que sumar.
La incertidumbre para los bancos continuará a pesar de la valoración emitida por el abogado general del TJUE. La sentencia se conocerá a finales de 2019 o principios de 2020. Y el tribunal no siempre sigue sus consejos.