El Gobierno de Aguirre implicó a todas las constructoras en los pagos del 1%

Al menos una treintena de grupos empresariales, mayoritariamente constructoras, se ha visto salpicada por la presunta trama del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para obtener fondos públicos para el PP madrileño. El mecanismo consistió en introducir en los pliegos de licitación de los contratos de construcción y explotación de infraestructuras como hospitales, colegios y carreteras una cláusula para que las empresas adjudicatarias reservaran un 1% del presupuesto para hacer publicidad y promoción de las obras en medios de comunicación. Sin embargo, estas partidas terminaban en la caja b del partido conservador, según consta en un auto del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica.

El magistrado desgrana los pagos realizados supuestamente para publicitar 34 hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007, siendo, siempre según la investigación judicial, desviados a la caja b del PP regional para financiar campañas electorales, entre otras cuestiones. En ese detalle figura el nombre de las empresas concesionarias y constructoras de los proyectos y el importe desembolsado en concepto de publicidad y promoción, que en conjunto asciende a 3,07 millones de euros. El juez ha solicitado a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud la información completa relacionada con los contratos de los hospitales y centros de salud.

La investigación se centra, por un lado, en los pagos de siete concesiones de la Consejería de Sanidad para la construcción y explotación durante 30 años de otros tantos hospitales en la región. El importe de licitación de estos contratos ascendió, en su conjunto, a 640,78 millones de euros. Fueron adjudicados entre marzo y julio de 2005 a siete concesionarias integradas en su mayor parte por empresas constructoras de diversos tamaños. Aparecen ACS, FCC, OHL, Ferrovial, Acciona, Sando, Abengoa, Ploder y Constructora Hispánica, entre otras. También formaron parte de estos proyectos firmas como Cofely, filial de la multinacional gala Engie presente en otras piezas de la Púnica, entidades financieras como Cajamar e, incluso, la firma de restauración Grupo Cantoblanco, fundado por el expresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.

Los contratos investigados son los de los hospitales Puerta de Hierro de Majadahonda, Infanta Cristina en Parla, Infanta Leonor en Vallecas, Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, del Henares en Coslada, del Tajo en Aranjuez y del Sureste en Arganda. Los presuntos pagos para publicidad en estos siete proyectos ascienden, de acuerdo con el auto, a 1,88 millones de euros.

Los adjudicatarios de los siete hospitales madrileños, en un elevado porcentaje, han vendido en los últimos años sus participaciones, de tal modo que en la actualidad abundan entre los propietarios fondos de inversión internacionales como el holandés DIF -que tiene ahora en venta los activos-, el británico Aberdeen o el suizo Quaero.

Están bajo sospecha también las licitaciones para construir otros 27 hospitales y centros de salud

Las pesquisas del juez se extienden, por otro lado, a los contratos para la construcción de 27 hospitales y centros de salud en la región, adjudicados por el Servicio Madrileño de Salud. En este caso, también figuran como contratistas y pagadores de partidas para publicidad cuyo destino no fue tal algunas de las constructoras citadas anteriormente, como ACS, Acciona, Ferrovial, OHL y Constructora Hispánica y otras como Capio, Copasa, Ortiz, Edinhor, Arción, Corsán-Corvian, Obrum, Rues y Fernández, Pecsa, Ploder, Barros Nava y Sanjose. El importe de fondos públicos desviados al PP autonómico se elevó en estos contratos hasta los 1,19 millones de euros.

Los grupos de construcción españoles vuelven así a verse implicados en un caso de corrupción política en España, aunque las investigaciones se focalizan en este punto en los dirigentes políticos que articularon el mecanismo y que ha llevado a la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, entre otros.