Amenazas para la Seguridad Social

El grave deterioro que el mercado laboral español sufrió durante la crisis, que en 2013 catapultó el número de parados por encima de 6 millones, supuso un terremoto para la Seguridad Social. En consecuencia, durante toda la legislatura que ahora está a punto de acabar, el Gobierno recurrió al llamado Fondo de Reserva para garantizar el pago de las pensiones. Como resultado, a 1 de julio de este año, en la hucha quedan 39.520 millones, una cantidad que sólo cubriría 5 mensualidades y que se agotaría en apenas tres años, si el Ejecutivo necesitara seguir acudiendo a este mecanismo en los próximos años al mismo ritmo que en los anteriores.

Este último escenario en absoluto es descartable: aunque es cierto que la creación de empleo bate marcas en el último año, también lo es que los nuevos ingresos por cotizaciones no compensan los gastos que genera una población cada vez más envejecida. De hecho, la Seguridad Social volvió a déficit en julio pasado (del 0,4% del PIB) y no es factible que muestre superávit hasta 2019, según las previsiones del Gobierno.

Ante estas expectativas, sorprende que el Ejecutivo, influido por la cercanía de las elecciones, se permitiera antes del verano una medida como mejorar la pensión de las madres trabajadoras. Tampoco se explica que Sanidad se arriesgue a comprometer aún más la integridad del sistema de protección en su conjunto con la recuperación de la atención primaria para inmigrantes ilegales, siguiendo el ejemplo de algunas de las autonomías que en peor situación presentan sus cuentas. Medidas cortoplacistas como éstas sólo lograrán agravar la ya de por sí delicada situación de la Seguridad Social, mientras las reformas que requiere se posponen.