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Economía

Extremadura y Andalucía, las comunidades autónomas más diezmadas por el salario mínimo

  • El alza hasta los 950 euros ensancha la brecha económica entre autonomías

Almudena Semur

Tras la subida histórica del 22% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019, el mayor incremento de subida salarial de este sueldo de referencia de la historia, hasta los 900 euros, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos han llegado a un acuerdo estableciendo para este año una subida hasta los 950 euros, esto es, un 5,5% mas que en 2019 (900 euros). Esta subida supone la primera piedra hacia el compromiso adquirido de elevar el SMI en 2023, hasta el 60% del salario medio, lo que actualmente representaría aproximadamente unos 1.200 euros. Pero esta medida tiene el efecto perverso de abrir una brecha entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país, dejando a las más desfavorecidas por tener un menor PIB per cápita (como Extremadura y Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) mucho más expuestas a la pérdida de empleos que a las más boyantes, como Madrid o País Vasco.

Si comparamos el salario mínimo interprofesional en función de la renta per cápita de las distintas comunidades, se puede apreciar que hay grandes diferencias. Así, en las comunidades autónomas con mayor renta per cápita (que albergan a 9 millones de personas de nuestra población), la subida gradual no supondría un impacto negativo en la creación de empleo, pero, por el contrario, en las de menor renta per cápita, que albergan al doble de personas, generaría un impacto negativo al acercarse el salario mínimo a la renta media de la comunidad, lo que sin lugar a duda desincentivaría la creación de empleo ya que muchas más personas de salario bajo o pertenecientes a colectivos con más dificultad para acceder a un puesto de trabajo estarían expuestas a ser eventualmente expulsadas o a ver su jornada reducida ante una subida de su retribución o a no lograr su incursión en el empleo.

Mayor coste para la empresa

En una economía de mercado como la nuestra, el gobierno puede fijar un salario, pero no puede determinar el volumen de empleo. Son las empresas las que deciden el nivel de empleo en función en función de su producción y de sus costes. Con esta medida, los empresarios no sólo tendrá que pagar un mayor salario sino que también tendrán que soportar mayores costes de cotización a la Seguridad Social. Nuestro país se encuentra entre los primeros de la clasificación en costes de cotización a la Seguridad Social respecto a nuestros socios europeos , 8,4% del PIB, frente al 6,8% de la media de los países de la Unión Europea.

Estos mayores costes soportados por la empresas repercuten en la competitividad de nuestro tejido productivo constituido en un 99% por pymes de menos de 10 trabajadores. Para paliar esta perdida de competitividad, las empresas, no sólo se verán obligadas a repercutir el aumento de costes en el producto aumentando los precios, sino que ajustaran su plantilla, lo que supondrá una barrera de entrada a la contratación.

Eleva la temporalidad

Durante el ejercicio 2019 el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en menor proporción que en 2018, 490.000 frente a los 565.000, produciéndose en el mes de diciembre el menor aumento desde el año 2012. Y el servicio de estudios del BBVA ya ha alertado de que con la subida del 22,3% del (SMI) en 2019 se han dejado de crear unos 45.000 puestos de trabajo en términos netos a lo largo del año, medidos en afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un impacto sobre la creación de empleo de hasta cuatro décimas.

Otra de las consecuencias de la subida del salario es su repercusión en la composición del empleo. La contratación temporal tiende a crecer cuando las empresas soportan mayores costes salariales. Así, el aumento del salario mínimo en un 8% en 2017 ya ralentizó la creación de empleo a tiempo completo en 2018 y fomentó la contratación temporal. Durante ese ejercicio, del total de la contratación en nuestro país, un 90% de los contratos fueron temporales mientras un 10,2% fueron indefinidos.

Sucede que también fomenta que las empresas ajusten sus plantillas, ya sea vía reducción de jornada, ya sea por el aumento de la contratación a tiempo parcial, o por el paso a la economía sumergida, dado que, sí el salario mínimo supera los umbrales de productividad de una parte de la población, la empresa sobrepasa su presupuesto para poder pagar dicho incremento salarial.

Colectivos más frágiles

Los mas perjudicados con el alza del SMI, no serán quienes están ganando salarios alrededor del mínimo, en torno al 10% de la población activa, que quizá puedan sufrir perdidas de empleo o de reducción de jornada, sino los trabajadores con mas dificultades para acceder al empleo y los mas propensos a permanecer en el paro, como son aquellos que acceden al primer empleo, así como los trabajadores con baja cualificación, y los parados de larga duración. Y es que una subida del salario mínimo puede aumentar la renta de algunos trabajadores, pero reducir las de otros aumentando la precariedad y la desigualdad salarial.

En definitiva, la senda no es tanto subir el salario mínimo, sino cómo incentivar una estrategia para que nuestras empresas puedan aumentar la productividad y ésta repercuta en alzas salariales en todos los niveles incluido el salario mínimo.

Poner barreras de entrada al primer empleo, unido a una presión fiscal y la subida generalizada de impuestos directos e indirectos traerá un aumento mas rápido de desempleo que el previsto de forma natural por el enfriamiento económico de nuestro país, escenario poco conveniente cuando la tasa de desempleo estructural ronda el 14% de la población activa. La idea seria actuar en la dirección opuesta con políticas que incentiven la competitividad y la eficiencia en las organizaciones con el fin de incrementar el salario.