España y Francia reclaman más de 75 millones a ACS y Eiffage por el AVE

Los Estados de España y Francia reclaman a TP Ferro, la sociedad que gestionó hasta 2016 la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan y que está participada por ACS y Eiffage, una compensación de más de 75 millones de euros por el incumplimiento del contrato de concesión. Lejos de satisfacer las demandas de la concesionaria, que superan los 500 millones de euros, el resultado de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) calculado por el Ministerio de Fomento y de l'Environment, de l'Energie y de la Mer francés ha sido negativo. En breve arracancará el arbitraje internacional una vez que se han designado los árbitros de las partes, según explican fuentes conocedoras del proceso.

TP Ferro entró en concurso de acreedores en septiembre 2015, tras no llegar a un acuerdo para reequilibrar la concesión, adjudicada en 2004, con las autoridades españolas y francesas y con los acreedores financieros. Un año después, el juez aprobó la liquidación de la sociedad. A partir de ahí, las partes se cruzaron acusaciones por incumplimientos del contrato. Tras rechazar la resolución solicitada por la sociedad en noviembre de 2016, el 16 de diciembre España y Francia rescindieron anticipadamente el contrato, que pasó a ser gestionado por Adif y SNCF.

Los Gobiernos de España y Francia fijaron la RPA en julio pasado, casi con dos años de retraso respecto al plazo que establece la ley. No ha sido hasta ahora, sin embargo, hasta que ha trascendido el resultado de ese cálculo recogido en la memoria de ACS. En todo caso, se trata solo de la reclamación que defenderán los Estados en el arbitraje internacional cuyo inicio se producirá en próximas fechas, de acuerdo con las fuentes consultadas. La administración concursal de TP Ferro, representada por Quinn Emanuel y Gómez-Acebo y Pombo, demanda una indemnización superior a los 500 millones -más daños y perjuicios-.

Al margen de esta disputa, ACS enfrenta otros arbitrajes internacionales entre los que sobresale el derivado del proyecto de construcción y explotación de la línea 2 del metro de Lima, en Perú, en el que el grupo que preside Florentino Pérez participa junto a FCC. El consorcio abrió un arbitraje ante el Ciadi a comienzos de 2017 por incumplimiento por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano en el que reclama la ampliación del plazo para ejecutar las obras y una indemnización de más de 700 millones de dólares (622,4 millones de euros). Perú presentó en febrero pasado una contrademanda en la que exige una compensación superior también a los 622 millones de euros por daños socioeconómicos y ambientales.

Por otra parte, ACS ha colocado el cartel de venta a sus participaciones en dos activos más de energías renovables. Se trata de la planta termosolar Manchasol-1, ubicada en Ciudad Real (España) y del parque eólico marino flotante Kinkardine, situado en las costas de Aberdeen, en Escocia. Con ello, el grupo tiene activos mantenidos para la venta por 1.033 millones, 2,5 veces más que en 2017.