El Gobierno baraja incluir la energía en la revisión de precios en obras

El Gobierno continuaba a última hora de la tarde de este lunes perfilando los detalles finales del Real Decreto-ley que aprobará este martes para contener el alza de los costes de la energía y los combustibles. Entre las medidas que seguían en el candelero figuraban aquellas relativas a la revisión de precios en los contratos públicos de obras y servicios. En este sentido, el Ejecutivo ha analizado en los últimas semanas atender las demandas del sector de la construcción, representado por las patronales CNC, Seopan y Anci, para incluir en el reequilibrio de los contratos el incremento de los costes de la energía, una opción que este lunes no estaba descartada, según indicaron a este diario fuentes del Ministerio de Transportes.

El departamento que dirige Raquel Sánchez ha solicitado a los ministerios de Economía y Hacienda que incluyan los costes energéticos en la revisión de precios de las obras. Esta partida supone, de acuerdo con las estimaciones del sector de la construcción, en torno al 30% de los costes de una obra.

Transportes defiende que se reequilibren los contratos de servicios afectados por el encarecimiento de las materias primas

Transportes también ha trasladado a Economía y Hacienda la petición del sector para que se reequilibren los contratos de servicios afectados por el encarecimiento de las materias primas, como los de mantenimiento de carreteras.

La nueva normativa no recogerá modificaciones en los límites de subida mínima media en una cesta de materiales (siderúrgicos, bituminosos, cobre y aluminio) del 5% del importe del contrato certificado en 2021 y de un máximo del 20% del precio de adjudicación recogidos en el RD-ley específico de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras aprobado el 1 de marzo. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado suprimir estos topes para que no queden multitud de contratos excluidos de la revisión. Esta situación provocará, a su juicio, una oleada de demandas judiciales. 

La organización que preside Pedro Fernández Alen también ha requerido, para lograr una mayor estabilidad, la extensión de las medidas del RD-ley más allá del ejercicio de 2021, computar los plazos desde el momento de presentación de ofertas -momento último en que el que la empresa puede prever con certeza sus costes- e incluir en su cálculo los materiales cuyo desabastecimiento se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia de la huelga del transporte.