Indra entrará en ITP Aero con hasta el 18% del capital por la dilución de JB Capital

A la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la adquisición de ITP Aero por parte del private equity estadounidense Bain Capital a Rolls-Royce por 1.700 millones de euros, se siguen terminando de perfilar los detalles finales para configurar el consorcio industrial español que controlará el 30% del fabricante vasco de motores y componentes aeronáuticos.

Según fuentes próximas a la operación, JB Capital, -el único socio financiero del consorcio industrial junto al fondo Bain y, por tanto, con vocación de permanencia temporal-, reducirá su paquete accionarial para allanar el desembarco de Indra como socio mayoritario del núcleo duro español.

JB Capital, fundada en 2008 por Javier Botín, su actual presidente, entró en ITP Aero junto al family office Asúa Inversiones, de la familia Urrutia, con una participación del 10% que podría llegar a reducirse a la mitad. La sociedad de inversión de Botín, conocedora de la citada dilución, podría negociar una compensación ante el ajuste de su porcentaje para dar cabida a Indra como socio preferente.

Estructura permanente

De esta manera, tal y como adelantó elEconomista.es, ITP Aero, empresa estratégica para el sector de defensa español, tendrá una estructura accionarial estable en el tiempo y de marcado perfil industrial con Indra acompañando al private equity estadounidense como socio mayoritario del consorcio propietario del 30% del capital.

JB Capital pasaría así del 10% actual a ostentar cerca del 5%, mientras la empresa guipuzcoana del sector de Defensa, Sapa Placencia, mantendría el 3% y el Gobierno Vasco (entre el 5% y el 7%), quedando para Indra un 15% del capital.

Las mismas fuentes aseguran que para el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu ostentar un 5% o un 7% del consorcio español le otorga los mismos derechos y no modifica su posición en el accionariado, de manera que podría ceder también porcentaje para un asentamiento más sólido de la firma tecnológica.

De hecho, el Gobierno de Euskadi ya tiene garantizadas sus principales demandas: la continuidad de la sede de ITP Aero en el País Vasco; que el presidente de ITP Aero sea español; el derecho de veto en caso de reestructuraciones de personal y ante posibles futuras adquisiciones estratégicas en el negocio de Defensa.

Retraso en la autorización

Bain Capital no ha podido cerrar la adquisición al grupo británico Rolls Royce por 1.700 millones de euros en la fecha fijada, es decir, el pasado 30 de junio, debido al retraso en la obtención de la autorización de los reguladores. Según avanzó elEconomista.es, el Gobierno español contará con dos ventanas de tiempo adicionales para tratar de cuadrar todos los intereses con el objetivo de que Indra -participada en un 25% por la Sepi- pueda acompañar al fondo norteamericano como socio mayoritario del consorcio español. Así, el comprador de ITP Aero ha facilitado dos nuevos plazos a Indra -el primero en noviembre de 2022 y el segundo en junio-julio de 2023- para poder realizar su desembarco final en el citado consorcio empresarial.

"Bain Capital tiene abiertas dos ventanas para su entrada: noviembre de 2022 y junio-julio de 2023"

La primera ventana, extendida hasta finales del próximo mes de noviembre, permitirá a Indra y al resto del núcleo duro español incorporarse al accionariado de ITP Aero al mismo precio acordado en la operación de compra del fondo Bain Capital a la británica Rolls-Royce. Es decir, al mismo importe pactado el pasado septiembre de 2021, lo que, según las fuentes consultadas, supone una oportunidad de creación de valor "regalada" para los accionistas de la tecnológica.

Además, habrá una segunda ventana de incorporación que se activará en caso de que no dé tiempo a materializar la entrada en la fecha anterior y que ampliará el plazo hasta mediados de 2023, esta vez a una valoración de ITP Aero actualizada a la realidad actual.

Fondos europeos

El trasfondo de esta operación es impulsar y vertebrar la consolidación de la industria nacional –conformada por compañías de pequeño tamaño–, ante la oportunidad que supone el aumento del presupuesto en Defensa. Y es que España es el único país de la Unión Europea receptor de estos fondos que carece de una estructura empresarial capaz de absorber esa inversión, con el riesgo que supone que esa partida se quede sin utilizar y sea retirada por Europa.

Este gasto se elevará entre 2.000 y 3.000 millones en 2023 para hacer frente a los compromisos de España con el refuerzo de la defensa aliada, tal y como quedó de manifiesto en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en Madrid, y la llegada de programas europeos del sector, como el del futuro avión de combate (FCAS), en los que España será una de las beneficiarias.

De momento, España se posiciona como el penúltimo país de la OTAN -según su último informe- en gasto en defensa por porcentaje del PIB. Se espera que destine el 1,01% del PIB en 2022 –solo por encima de Luxemburgo con el 0,58%–, y que lo eleve, al menos, hasta un 2%.