Las trabas del Gobierno a BBVA-Sabadell dificultan futuras fusiones bancarias

La decisión del Gobierno de endurecer la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, vetando en la práctica su fusión durante un mínimo de tres años, enfría nuevas operaciones bancarias de cierto calado en el país, al menos, mientras que permanezca al frente de La Moncloa el actual Ejecutivo. Sienta el precedente de que el Consejo de Ministros podría volver a intervenir para evitar los ajustes que cualquier fusión doméstica persigue para mejorar la rentabilidad por la vía de suprimir duplicidades, básicamente en la estructura de servicios centrales y sucursales y plantillas redundantes, indican fuentes financieras.

La ley de Defensa de la Competencia 15/2007 capacita al Consejo de Ministros para condicionar una operación corporativa si observa riesgos de interés general, distintos a los de competencia (analizados y protegidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC). No había precedentes de tal incursión, pero en el caso de la opa de BBVA sobre Sabadell, el Gobierno argumentó hasta cinco riesgos así: la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico; la protección de los trabajadores, la cohesión territorial y la política social.

Su recetario, que pasa por mantener ambos bancos independientes durante tres años, ampliables a cinco, obliga a BBVA a rehacer sus números. El grupo vasco ya había contemplado el escenario de no fusión ante las reticencias del Ejecutivo, aunque quizá no para un plazo tan largo de tiempo, y ahora tendrá que decidir si aún compensa (esperaba 850 millones de sinergias en costes tras la integración). Se espera que el consejo de administración del vasco tome una decisión a principios de esta semana, en la que Sabadell también tendría que recibir ofertas vinculantes sobre su filial británica TSB.

Con independencia de su decisión, los directivos de otras entidades se lo pensarán antes de abordar fusiones porque las razones de interés general expuestas por el Gobierno estarían en cualquier transacción. Alega por ejemplo, que busca proteger el crédito a pymes, small caps o startup, que cayó de forma sustantiva en fusiones previas; denuncia que los cierres de sucursales acabaron perjudicando a las localidades donde se radicaban y quiere también evitar los ajustes de plantillas y, por derivada su impacto en la Seguridad Social (tendría que financiar subsidios de desempleo y vería reducida la capacidad recaudatoria con los despidos).

Inseguridad jurídica

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, arremetía precisamente la semana pasada por la politización en la que se ha visto inmersa la opa del BBVA y criticaba que se haya alargado casi 14 meses, sometiendo a incertidumbres a los accionistas de ambos bancos, y afeaba al Gobierno no haber dejado claro su posición mucho antes.

Pero más allá de esta operación, Garamendi alertaba del perjuicio que decisiones así están teniendo sobre la visión de los inversores de España, que siguen atentos estos procesos. "Nos guste o no, en España se están politizando mucho las cosas", denunció, pidiendo "certidumbre". "Nos guste o no, la sensación de inseguridad jurídica existe", alertó.

En España se vivió una gran oleada de fusiones a raíz de la crisis financiera de 2008 para resolver la vulnerabilidad aflorada en múltiples entidades tras estallar en sus balances el crash inmobiliario y, desde entonces y a raíz de esa concentración, se han ajustado un 40% las platillas y más del 30% la red de oficinas. Una segunda oleada y menos masiva forjó la unión de CaixaBank y Bankia, la de Unicaja y Liberbank e, incluso, el primer intento fallido de fusión de BBVA y Sabadell en 2020, en medio del temor a que el parón de actividad por el Covid acabase desestabilizando al sector.

La banca cree que no ha llegado el momento para abordar fusiones transfronterizas en Europa por lo gravoso de operar en jurisdicciones con normativas nacionales en aspectos claves tales como en protección de consumidores o concursal, porque no se ha completado la Unión Bancaria y debido a que los gobiernos impiden que sus bancos entren en transacciones así si no las lideran. Precisamente Bruselas ha criticado a los países por frustrar fusiones, cuando quiere que se gesten colosos europeos.

Fusiones domésticas y europeas

El espacio más claro para uniones serían las domésticas, donde es más fácil generar sinergias prescindiendo de las duplicidades (supone ajustes, en la práctica). Según los analistas, en España será difícil ver una fusión entre los grandes grupos bancarios (Banco Santander, BBVA y CaixaBank) porque sus cuotas de mercado tropezarían con fuertes condiciones de la CNMC, pero ven margen para uniones entre las entidades financieras mediadas y pequeñas que darían bancos más grandes por la complementariedad de sus redes en geografías distintas.

Sin embargo, las reglas impuestas a BBVA desalientan precisamente explorar dichas opciones, indican las fuentes consultadas. A priori tampoco parece que la banca mediana esté hoy interesada (Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Bankinter han reivindicado su estrategia independiente. La única que sí mantiene el apetito por crecer con operaciones es Abanca, pero tienen que salirle los números y mandar).

Cuerpo aboga por bancos medianos y de proximidad

La moratoria a la fusión de BBVA-Sabadell está bajo lupa de Bruselas, que ya advertido de que revisará si hay injerencia excesiva y critica la intervención de los gobiernos cuando Europa necesita grandes bancos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aboga por un sector financiero "diversificado" y con presencia de "entidades de tamaño mediano o incluso más pequeño" que puedan tener "una mayor vinculación con los clientes a escala regional y local" por contar con un modelo de negocio de "proximidad", y que también ejercen una "mayor presión a escala nacional". En una entrevista publicada ayer por 'La Vanguardia', asegura que esa estrategia es "plenamente compatible" con avanzar hacia una unión bancaria europea.