Economía dio acceso a BBVA y a Sabadell al expediente y presentaron alegaciones

A la hora de elaborar su dictamen sobre la transacción entre BBVA y Sabadell, el Gobierno no dio la espalda a las dos entidades protagonistas. La resolución de 25 páginas, firmada por Félix Bolaños como Ministro de la Presidencia, señala que la información de relevancia en el expediente, incluyendo los informes elaborados por los seis ministerios que pidieron la elevación de la operación al Consejo de Ministros, fue remitida tanto al banco vasco como al vallesano, dando así "audiencia a las partes". Ambas entidades presentaron escritos de alegaciones, detalló el documento.

Tras el fallo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio con unanimidad luz verde a la opa con unos compromisos pactados con BBVA, el Ministerio de Economía fue el encargado de analizar si había riesgos de interés general que justificaran su pase al Consejo de Ministros. El departamento liderado por Carlos Cuerpo realizó un contraste con los ministerios que conforman la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para decidir si elevar la transacción.

Amplio escrutinio

Más allá de Economía, hasta cinco de los 22 ministerios que constituyen el Gobierno de Pedro Sánchez pidieron dar ese paso: el de Industria y Turismo, que lidera el antiguo alcalde de Barcelona Jordi Hereu; el de Trabajo y Economía Social que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz, que expresó en varias ocasiones su rechazo hacia la operación por poner en riesgo miles de puestos de trabajo; el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encabezado por Sara Aagesen; el de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy -impulsado por los socios del Gobierno de Sumar- e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz al frente.

Paralelamente, para recabar información adicional antes de decidir si abrir el escrutinio al Consejo de Ministros, el Ejecutivo lanzó una consulta pública a la que podía participar quien quisiese para que trasladase sus preocupaciones por las consecuencias que podría tener la integración entre los dos bancos. El formulario, que además de plantear preguntas relacionadas con los criterios de interés general contaba con un apartado para agregar información adicional, quedó abierto entre el 6 y el 16 de mayo. Un mecanismo inédito para operaciones de este tipo.

El cuestionario recibió una respuesta masiva, aunque Cuerpo informó que apenas un cuarto de los participantes alegó razones de interés general y abogaron por establecer medidas paliativas que pudiese fijar el Consejo de Ministros. Además, la resolución final del Gobierno detalla que la consulta pública "no identificó criterios de interés general potencialmente afectados distintos de los señalados por los departamentos ministeriales".

En su análisis, los ministerios apuntaron que la operación podría generar un impacto sobre varias cuestiones, la reducción del acceso del crédito a pymes y de empresas industriales estratégicas, la afectación al empleo, la pérdida de ingresos de la Seguridad Social, la reducción de servicios bancarios en determinadas zonas, la necesidad de protección de los consumidores -especialmente a los más vulnerables- y la innovación tecnológica.

Estos aspectos quedan reflejados en los cinco criterios de interés general que fundamentaron la decisión del Gobierno de prohibir la fusión durante tres años, prorrogables a dos adicionales: el cumplimiento de objetivos de regulación sectorial, la protección de las plantillas, de la cohesión territorial, de la política social y de la promoción de la investigación y desarrollo.