El Gobierno se escuda en la proporcionalidad de sus condiciones contra un posible litigio con BBVA

Una decisión "proporcional" y "equilibrada". Así tachó el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el veredicto del Gobierno sobre la opa de BBVA-Sabadell. El titular de Economía hizo hincapié en que sus condiciones a la transacción -el vasco no podrá fusionarse con el vallesano durante tres años, prorrogables a dos más- buscan proteger criterios de interés general y que cumplen con el marco normativo y jurídico. Sin embargo, antes de conocer la decisión de Moncloa, el grupo presidido por Carlos Torres no descartó acudir a los tribunales en el caso de que el Gobierno endurezca las condiciones de la opa. Como a BBVA le quedaría la vía del Supremo, el escenario judicial aún queda abierto.

Los criterios de interés general invocados por el Gobierno buscan amparar la cohesión territorial, el mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la política social vinculada con las fundaciones bancarias, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible y la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico, detalló el Consejo de Ministros. "Son criterios de interés general, todos ellos promulgados con nuestro reglamento jurídico y avalados también por la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea", anotó este martes Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender su dictamen.

Hasta la víspera de la decisión del Gobierno, BBVA confiaba en un dictamen sin condiciones más duras. No obstante, la semana pasada el vasco dejó por primera vez la puerta abierta a recurrir el dictamen de Moncloa y acudir a juicio. De momento, no se ha pronunciado aún, al estar evaluando el impacto de los nuevos requisitos en su oferta. Aunque el Gobierno se ampare en la proporcionalidad de su decisión, tiene encima hasta los ojos de Bruselas, que ya había advertido de que visará que haya un interés general probado y genuino, y que las medidas paliativas sean proporcionadas.

No es frecuente que una empresa recurra decisiones adoptadas por el Gobierno. Ante el Tribunal Supremo y contra resoluciones del Consejo de Ministros han llegado la opa de Gas Natural sobre Endesa, la compra de Endesa de Gas Aragón y Gas Andalucía, el veto de la fusión entre Salcai y Utinsa o la congelación de precios que impuso el Gobierno en la fusión de Prosegur y Blindados de Norte, entre otras. Algunas desistieron o decayeron, en otras el Supremo ha invalidado o respaldado la decisión del Gobierno.

El Supremo dio sendos reveses al Ejecutivo en 2002, declarando nula la condición económica que fijó el Consejo de Ministros para permitir la fusión de Prosegur y Blindados del Norte, y anulando la prohibición de la fusión de Slaci y Utinsa. En su fallo sobre la operación de Prosegur fijó que, para apartarse del criterio marcado por Competencia, tendría que motivar y justificar la idoneidad de sus medidas, sentando las bases para evitar meras injerencias políticas, y reprendió que restringiese "innecesariamente su libertad empresarial".