Francisco González usó un informe falso de Villarejo para que BBVA le pagara dieciséis escoltas

El expresidente de BBVA, Francisco González, utilizó en 2017 un informe falso del excomisario Villarejo sobre una supuesta amenaza de asesinato para que el banco le pagara un servicio de 16 escoltas: catorce para él y dos más para su mujer. Según las fuentes consultadas por este periódico, el coste total del servicio ascendía a dos millones de euros anuales. El BBVA sigue pagando la seguridad de González, aunque el número de escoltas que utiliza ahora su expresidente sería algo menor. En una Junta de Accionistas de 2021, el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, admitió ante una pregunta de los presentes que la entidad le abonaba la seguridad porque así estaba establecido por contrato, pero que no hacía frente a ningún otro tipo de coste.

El banco corre así con los gastos a pesar de que el pasado mes de junio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso lleva a juicio a González, a Villarejo y a otros exdirectivos y expolicías por los presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En 2017, González, que había ordenado a Villarejo el espionaje de rivales, clientes y personas a las que consideraba contrarias a sus intereses, temía por su vida. Con ese objeto, y según consta en el sumario del caso, ordenó al excomisario que espiara en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) a Luis Pineda, el presidente de Ausbanc. González le había acusado de extorsión, estafa y pertenencia a organización criminal y Pineda, que pasó tres años en la cárcel -ha sido absuelto de todos los delitos por el Tribunal Supremo, quedando acreditada su condición de víctima-, se había convertido en la pieza más fácil. Según consta en el sumario del caso, el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, se reunió el 23 de noviembre de 2016 con Villarejo y trataron la supuesta amenaza ficticia.

Siguiendo siempre instrucciones de González, se trataba de plantear un posible intento de asesinato organizado por Pineda junto a un grupo de búlgaros acusados de narcotráfico y que se encontraban en prisión. Villarejo elaboró un dossier con datos policiales –así como acerca de propiedades, vehículos, multas, domicilios y sociedades–, entre los que figuraba una copia de las diligencias policiales del Grupo de Narcotráfico de la Udyco (Brigada Central de Estupefacientes) sobre Milen Ivanov Petrov. Según recoge el juez García Castellón en su último auto, "el 12 de diciembre de 2016 Julio Corrochano dirigió una carta al Secretario General del Consejo de BBVA, Domingo Armengol Calvo, por el que le informaba que habían activado los dispositivos de seguridad en la persona del presidente y de su entorno en máxima alerta".

Espionaje en un centro penitenciario

Fuentes próximas al procedimiento cuestionan ahora cómo el excomisario pudo llevar a cabo una actividad de espionaje en el centro penitenciario, siendo éste uno de los lugares más protegidos del Estado. Pero, además, investigó tanto a la mujer como a la madre del preso búlgaro. Poco tiempo después de cumplir la condena, Petrov –que, además, resultó ser inocente después de que Pineda ejerciera la defensa de su acusación– desapareció y aún sigue sin conocerse su paradero. "¿Dónde está el desaparecido Milen Ivanov Petrov que, como víctima, iba a personarse contra el BBVA de Francisco González?", se preguntan fuentes de la acusación particular.

Fue el pasado mes de junio, cuando el magistrado García Castellón propuso juzgar en un auto por delitos de cohecho en grado de continuidad, además de revelación de secretos, al BBVA y a su expresidente por la contratación del excomisario para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2016.

Los acusados tienen hasta el próximo 15 de septiembre para presentar un recurso ante la Sala de lo Penal contra este auto, pero si se desestima, habría ya una providencia de apertura de juicio oral. García Castellón indicó que no se puede pasar por alto que la persona jurídica investigada no deja de ser una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo y el Banco de España en cuanto entidad bancaria y, por la CNMV, en cuanto entidad cotizada en bolsa. En este punto, el juez señaló la importancia de que el banco no solo dispusiera de un código de conducta, sino del obligado cumplimiento del mismo por parte de la presidencia ejecutiva y los altos directivos.