La Xunta de Feijóo pagó a la consultora vinculada a Montoro 172.000 euros

Las empresas no fueron las únicas que recurrieron a los servicios de Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que está en el centro de la investigación en curso. Un informe de la Agencia Tributaria incorporado en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso elEconomista.es, recoge que el despacho declaró un ingreso de 172.838 euros de un pago efectuado por la Xunta de Galicia entre los años 2008 y 2019.

La investigación no concreta cuándo se abonó esta cantidad, si bien este periodo coincide con gran parte de los mandatos en los que el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, encabezaba el gobierno autonómico. No obstante, fuentes de su entorno aseguran que el líder popular no tenía conocimiento de esta transacción y resaltan que en los años en los que se produjeron los pagos José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) estaba al frente del Gobierno y Montoro no era ministro.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la Xunta de Galicia como con el Partido Popular para tratar de esclarecer a qué responde este pago, dado que el sumario no aporta información al respecto. Desde Facenda explican que "se trata de distintos contratos realizados entre los años 2009 y 2011, correspondientes a la prestación de servicios para la elaboración de informes en materia financiero-fiscal relacionadas con las finanzas autonómicas".

Sin embargo, no aclaran por qué en el documento firmado por la Agencia Tributaria no se recoge esta cantidad como imputada por la Xunta, ya que podría significar que el órgano público no habría informado al fisco de este de importe, según los expertos consultados.

De hecho, esta anotación es la única referencia que se hace a lo largo de la documentación al gobierno autonómico. No obstante, sí se recoge la aportación que hizo esta comunidad autónoma al Anteproyecto de Ley que modificó los impuestos especiales –ahora, bajo sospecha por haber beneficiado presuntamente a las gasistas–.

En sus observaciones, Galicia advertía de que la extensión de los beneficios fiscales que se planteaban dentro del Impuesto Eléctrico se traduciría en una merma de la recaudación de la autonomía, en tanto que es un tributo cedido a las comunidades autónomas.

Esta misma preocupación fue manifestada, según expone un informe de los Mossos d'Esquadra, por el que era el consejero de Economía y Hacienda de Canarias, Javier González Ortiz, en un correo electrónico remitido al entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete.

En el mismo sentido que Galicia, este territorio defendía que la norma que querían implantar supondría una pérdida en su recaudación pública. Sin embargo, los agentes apuntan a que la secretaría de Estado de las Administraciones Públicas había asegurado que estas modificaciones legislativas no tendrían este impacto negativo en las cuentas de la comunidad. Según los Mossos, finalmente, la norma no contempló que las exenciones fueran de aplicación en las Islas Canarias.

De la misma forma que sucede con la Xunta de Galicia, en el informe de la Agencia Tributaria figura un pago declarado por Equipo Económico de 97.500 euros que se habría producido entre 2008 y 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este caso, sin embargo, esta cantidad sí que aparece reflejada como un ingreso imputado por parte del gobierno autonómico.

Si bien el sumario tampoco especifica a qué responde este pago, sí que se encuentran muchas referencias a Canarias a lo largo de la investigación, dado que las modificaciones tributarias que se estaban preparando en esos años afectaban directamente al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Los pagos de Madrid

En el sumario aparece el pago de una tercera comunidad autónoma, la de Madrid. En el mismo modelo de la declaración de Equipo Económico figuran unos pagos de la Comunidad de Madrid en el mismo periodo que ascienden a 314.360 euros, estos fueron comunicados por el territorio a la Agencia Tributaria.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desconoce de qué consejería procede este dinero, pero no descartan que estos desembolsos tengan origen en la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que entonces encabezaba Antonio Beteta.

De forma paralela, los agentes identifican que la consultora Equipo Económico recibió dinero de Madrid Network, mercantil presidida entonces por el propio Beteta. Los pagos suman 1,8 millones de euros y se realizan entre los años 2008 y 2011, espacio temporal que coincide con la presidencia de Beteta de esta sociedad.

En enero de ese último año, este deja el cargo para asumir en diciembre la secretaría de Estado para las Administraciones Públicas bajo la tutela de Montoro, con el que ya había trabajado como secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, en la primera etapa de Montoro como ministro dentro del Gobierno de José María Aznar.

Al indagar el origen de estos pagos, la Guardia Civil recoge de diferentes medios de comunicación que Equipo Económico firmó dos contratos con esta mercantil. El primero, con una duración de tres años prorrogables, tenía como objeto el arrendamiento de servicios de asesoramiento estratégico de I+D+i, por los que la consultora recibiría 547.520 euros anuales, que se verían incrementados cada año de acuerdo con la evolución media de los precios.

Y el segundo, respondía a servicios para la creación, mantenimiento y dirección de un servicio de información y de asesoramiento de I+D+i, por el que Equipo Económico habría percibido 125.280 euros anuales durante otros tres años.

Conforme a estos datos, los agentes aseguran que el total que debiera haber percibido EE de Madrid Network por ambos acuerdos ascendería a 2 millones de euros. Sin embargo, la relación contractual entre la consultora y la sociedad se rompió tras abandonar Beteta la presidencia de Madrid Network, siendo sustituido por Aurelio García de Sola. El informe expone que "meses más tarde del citado cambio de presidencia, concretamente el 11 de octubre de 2011, Madrid Network informaba a Equipo Económico que debido a la coyuntura económica se veía obligada a adoptar una política de austeridad y ajuste de gastos".

Todos estos documentos forman parte del sumario que mantiene, de momento, a 28 personas y seis mercantiles imputadas. Las pesquisas de la investigación comenzaron en 2018 tras una denuncia anónima.