Ayuso echa más leña al fuego y recurre el acuerdo de Fuenlabrada que le retira la titularidad del centro de menas de La Cantueña

La polémica sobre el centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de La Cantueña continúa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está conforme con la decisión del Ayuntamiento de Fuenlabrada de retirarle la titularidad del edificio y ha presentado un recurso en el juzgado contencioso-administrativo contra el acuerdo. El lunes ya había anunciado que las obras seguirían adelante como estaba previsto.

En un comunicado enviado este miércoles, la Comunidad de Madrid defiende que la titularidad del inmueble le corresponde, por lo que, a su juicio, no puede ser revertido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, "ya que no ostenta su propiedad".

"Tenemos el mandato legal de atender a los menores no acompañados que han sido trasladados hasta nuestra región. ?La crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar este asunto hace necesario que las CCAA ampliemos los recursos para atender a los menores no acompañados que en este momento están completamente saturados", ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El consejero ha insistido una vez más en la "falta del solidaridad" y la "total incoherencia" del alcalde del Fuenlabrada, Javier Ayala, a quien ha recordado que "es el Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, el que está desplazando a los menores no acompañados hasta nuestra región y a los que tenemos que atender".

"Otras localidades de la Comunidad de Madrid cuentan con centros de primera acogida de menores no acompañados y el Gobierno central ha habilitado campamentos en municipios como Madrid, Pozuelo de Alarcón o Alcalá de Henares" ha recordado.

Por estos motivos, García Martín ha exigido al regidor que explique "las verdaderas razones por las que no quiere atender a los menores en su municipio, abandone toda actitud obstruccionista y se sume a la Comunidad de Madrid a la hora de pedir al presidente del Gobierno que tome medidas para frenar la crisis migratoria y colabore de manera leal y transparente con las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

El golpe en la mesa de Fuenlabrada

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad aprobó en su sesión de este lunes terminar con la cesión del espacio Cerro de La Cantueña a la Comunidad de Madrid, revertiendo por tanto la titularidad de dicho centro al Consistorio de Fuenlabrada. Según el Ejecutivo del socialista Javier Ayala, Ayuso "pretende instalar allí un macrocentro de menores no acompañados que incumple tanto el convenio de cesión del espacio como las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de Servicios sociales".

En concreto, el nuevo uso destinado a este edificio incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada. Además de incumplir los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente.

Javier Ayala acusó a la Comunidad de Madrid de tratar de imponer este centro en la ciudad "sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión".

Una inversión de 18,7 millones

La semana pasada, la Comunidad de Madrid dio luz verde a una inversión de 18,7 millones de euros destinada al nuevo centro menores de Fuenlabrada. Esta instalación contará con una extensión de 4.000 metros cuadrados y estará preparado para atender hasta 96 personas. Aunque el PSOE de Madrid ya alertado este mismo lunes de que la capacidad llegará a triplicarse, "como ya ocurre en otros recursos".

En concreto, el presupuesto contempla 11,8 millones destinados a la gestión de este dispositivo y, además, 6,9 millones para el acondicionamiento del inmueble, que lleva años cerrado.

La rehabilitación de este edificio se centrará en las tres plantas que ocupa el recinto donde tendrán cabida distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.

La duración del contrato se extenderá desde el próximo 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2026, según detalló el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa.

Este recurso de primera acogida está diseñado para estudiar y valorar cada caso en su globalidad y proponer, si es necesario, la asunción de una medida de protección, así como orientar la intervención social más adecuada, promoviendo los tratamientos requeridos, según la Comunidad de Madrid.

Entre tanto, el menor residirá de forma temporal en el centro de primera acogida donde tendrá cubiertas todas las necesidades básicas. Desde este tipo de recursos se instruyen los expedientes de aquellos sin referentes familiares que requieren una atención urgente e inmediata.