Los propietarios critican la nueva ley catalana antidesahucios: "Genera un efecto llamada a la ocupación ilegal"
- La ley obligará a los propietarios a ofrecer alquiler social para 'okupas'
- En Cataluña se registran más del 50% de los casos totales de 2021
elEconomista.es
El Parlament de Cataluña ha aprobado la nueva ley catalana antidesahucios que toma el relevo de la anulada hace un año por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma y que incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica. Las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social aunque los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan ocupado el inmueble.
"Se continúa con el amparo de la Administración Pública a la ocupación ilegal, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva", apunta María Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). De hecho, añade Andreu, "esto genera un efecto llamada a la ocupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día".
Desde la asociación consideran que esta ley "atenta" con contra el derecho de propiedad privada, "al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. Además, se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española".
En última instancia, la directora general ASVAL indica que con esto se agravará el problema de los colectivos vulnerables, ya que el problema de la falta de asequibilidad de la vivienda reside en la escasez de oferta. Y es que, ante la inseguridad jurídica, esta norma puede provocar una mayor reducción del stock de viviendas ofertadas.
En este sentido, desde ASVAL piden a la Presidencia del Gobierno "que recurra la Ley catalana de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, y utilice su prerrogativa presidencial para detenerla por inconstitucional".